“Educación política. Una herramienta de combate a la desigualdad escolar”
- Autores
- Salmerón, Ana María
- Año de publicación
- 2014
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión aceptada
- Descripción
- En 1990, la filósofa feminista Iris Marion Young, hacía una de las críticas más sólidas que se han hecho a la noción de ciudadanía universal señalando que: “…ahí donde existen diferencias de capacidades, cultura, valores y estilos de comportamiento entre los grupos, cuando algunos de esos grupos son privilegiados, el seguimiento de un principio estricto de tratamiento igual tiende a perpetuar la opresión y las desventajas” (Young I.M., Justice and politics of difference, 1990). Idéntica sentencia puede pronunciarse en razón del tratamiento igual que pretende hacer la escuela en la atención a sus usuarios. Ahí donde las diferencias sociales, económicas y culturales entre los grupos tienen la fuerza que en América Latina conocemos tan bien, las pretensiones igualitaristas de la escuela no hacen sino multiplicar, subrayar y legitimar las desigualdades moralmente reprobables: las que marcan diferencias de oportunidades y de acceso a los bienes económicos, sociales y de participación política. A pesar de la conciencia que tenemos los educadores en relación con el poder que la escuela posee para potenciar la desigualdad ilegítima y para fortalecer las estructuras injustas de distribución de riqueza y bienes sociales, nos hacemos cargo de que, sin las perspectivas que ofrece la escolarización, los sectores económicamente más pobres de la población estarían en peores condiciones de desventaja socio-económica y política (Guttman, A., La educación democrática. Una teoría política de la educación, 2001). Sabemos que la escuela no tiene ni el poder ni la misión de intervenir en favor de intentos de nivelación del terreno de juego y somos conscientes de que las esperanzas depositadas en los proyectos de igualación de oportunidades educativas son parte fundamental de proyectos conservadores que lejos de poner en tela de juicio el orden social desigual, apuntan tibia e ineficientemente al modo de acomodar los afanes educativos al servicio y bienestar de ese orden. Los resultados de los mejores afanes de igualación de oportunidades educativas terminan por justificar la selección de la elite y por otorgar “legalidad” y “merecimiento” a la mala posición social (Puyol, A., El sueño de la igualdad de oportunidades. Crítica de la ideología meritocrática, 2010). Una paradoja tras otra se acumulan en todo ejercicio de observación, intento de comprensión, crítica, o propuesta de solución a la ajustada tensión que existe entre una escuela que dice tener pretensiones igualitaristas y unas circunstancias sociales y económicas que, de facto, impiden a la escolaridad cumplir con sus compromisos. La intención de esta ponencia, no obstante, no se reduce a dar cuenta de las paradojas y los obstáculos que se manifiestan en los intentos de ofrecer instrucción pública en contextos de desigualdad económica y social pronunciada. La pretensión es más ambiciosa, consiste en avanzar en la defensa de una tesis básica, a saber: Que la incuestionable capacidad de reproducción y agudización de las desigualdades socio-económicas que tiene la escuela sólo podría ser combatida –desde la escuela misma- mediante la realización de un proyecto que priorizara la educación política. La tesis no se postula como un proyecto de impartición de doctrina democratizadora, emancipatoria, ni aun igualitarista; sino como un ejercicio de construcción de capacidades para la participación en el espacio público. En el entendido de que no toca a la escuela realizar los cambios sociales que permitan modificar las condiciones existentes de desigualdad ilegítima, la escuela no puede tener la tarea de instruir en torno a un proyecto predeterminado de transformación social. Su tarea se reduce a buscar la homogeneidad de condiciones en que los futuros ciudadanos tendrán oportunidades para la participación política. Las posibilidades de intervención educativa con pretensiones igualitaristas no pueden soslayar el reconocimiento de las dificultades de su realización, quizá, tampoco puedan evadir la denuncia del ordenamiento desequilibradeconómicos, pero la intervención misma no se resuelve en esos dos planos. La misión de la escuela en torno a la búsqueda de igualdad -sostendré en la ponencia- tendría que ajustarse a la tarea de fomentar -en todos los sujetos- las habilidades, los conocimientos, y las disposiciones morales que son indispensables para la participación política.
Fil: Salmerón, Ana María. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras; México - Materia
-
Desigualdad social
Política educativa
Inclusión educativa
Educación
Siglo XX-segunda mitad
América Latina - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
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Ahí donde las diferencias sociales, económicas y culturales entre los grupos tienen la fuerza que en América Latina conocemos tan bien, las pretensiones igualitaristas de la escuela no hacen sino multiplicar, subrayar y legitimar las desigualdades moralmente reprobables: las que marcan diferencias de oportunidades y de acceso a los bienes económicos, sociales y de participación política. A pesar de la conciencia que tenemos los educadores en relación con el poder que la escuela posee para potenciar la desigualdad ilegítima y para fortalecer las estructuras injustas de distribución de riqueza y bienes sociales, nos hacemos cargo de que, sin las perspectivas que ofrece la escolarización, los sectores económicamente más pobres de la población estarían en peores condiciones de desventaja socio-económica y política (Guttman, A., La educación democrática. Una teoría política de la educación, 2001). Sabemos que la escuela no tiene ni el poder ni la misión de intervenir en favor de intentos de nivelación del terreno de juego y somos conscientes de que las esperanzas depositadas en los proyectos de igualación de oportunidades educativas son parte fundamental de proyectos conservadores que lejos de poner en tela de juicio el orden social desigual, apuntan tibia e ineficientemente al modo de acomodar los afanes educativos al servicio y bienestar de ese orden. Los resultados de los mejores afanes de igualación de oportunidades educativas terminan por justificar la selección de la elite y por otorgar “legalidad” y “merecimiento” a la mala posición social (Puyol, A., El sueño de la igualdad de oportunidades. Crítica de la ideología meritocrática, 2010). Una paradoja tras otra se acumulan en todo ejercicio de observación, intento de comprensión, crítica, o propuesta de solución a la ajustada tensión que existe entre una escuela que dice tener pretensiones igualitaristas y unas circunstancias sociales y económicas que, de facto, impiden a la escolaridad cumplir con sus compromisos. La intención de esta ponencia, no obstante, no se reduce a dar cuenta de las paradojas y los obstáculos que se manifiestan en los intentos de ofrecer instrucción pública en contextos de desigualdad económica y social pronunciada. La pretensión es más ambiciosa, consiste en avanzar en la defensa de una tesis básica, a saber: Que la incuestionable capacidad de reproducción y agudización de las desigualdades socio-económicas que tiene la escuela sólo podría ser combatida –desde la escuela misma- mediante la realización de un proyecto que priorizara la educación política. La tesis no se postula como un proyecto de impartición de doctrina democratizadora, emancipatoria, ni aun igualitarista; sino como un ejercicio de construcción de capacidades para la participación en el espacio público. En el entendido de que no toca a la escuela realizar los cambios sociales que permitan modificar las condiciones existentes de desigualdad ilegítima, la escuela no puede tener la tarea de instruir en torno a un proyecto predeterminado de transformación social. Su tarea se reduce a buscar la homogeneidad de condiciones en que los futuros ciudadanos tendrán oportunidades para la participación política. Las posibilidades de intervención educativa con pretensiones igualitaristas no pueden soslayar el reconocimiento de las dificultades de su realización, quizá, tampoco puedan evadir la denuncia del ordenamiento desequilibradeconómicos, pero la intervención misma no se resuelve en esos dos planos. La misión de la escuela en torno a la búsqueda de igualdad -sostendré en la ponencia- tendría que ajustarse a la tarea de fomentar -en todos los sujetos- las habilidades, los conocimientos, y las disposiciones morales que son indispensables para la participación política.Fil: Salmerón, Ana María. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras; MéxicoUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas. 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En 1990, la filósofa feminista Iris Marion Young, hacía una de las críticas más sólidas que se han hecho a la noción de ciudadanía universal señalando que: “…ahí donde existen diferencias de capacidades, cultura, valores y estilos de comportamiento entre los grupos, cuando algunos de esos grupos son privilegiados, el seguimiento de un principio estricto de tratamiento igual tiende a perpetuar la opresión y las desventajas” (Young I.M., Justice and politics of difference, 1990). Idéntica sentencia puede pronunciarse en razón del tratamiento igual que pretende hacer la escuela en la atención a sus usuarios. Ahí donde las diferencias sociales, económicas y culturales entre los grupos tienen la fuerza que en América Latina conocemos tan bien, las pretensiones igualitaristas de la escuela no hacen sino multiplicar, subrayar y legitimar las desigualdades moralmente reprobables: las que marcan diferencias de oportunidades y de acceso a los bienes económicos, sociales y de participación política. A pesar de la conciencia que tenemos los educadores en relación con el poder que la escuela posee para potenciar la desigualdad ilegítima y para fortalecer las estructuras injustas de distribución de riqueza y bienes sociales, nos hacemos cargo de que, sin las perspectivas que ofrece la escolarización, los sectores económicamente más pobres de la población estarían en peores condiciones de desventaja socio-económica y política (Guttman, A., La educación democrática. Una teoría política de la educación, 2001). Sabemos que la escuela no tiene ni el poder ni la misión de intervenir en favor de intentos de nivelación del terreno de juego y somos conscientes de que las esperanzas depositadas en los proyectos de igualación de oportunidades educativas son parte fundamental de proyectos conservadores que lejos de poner en tela de juicio el orden social desigual, apuntan tibia e ineficientemente al modo de acomodar los afanes educativos al servicio y bienestar de ese orden. Los resultados de los mejores afanes de igualación de oportunidades educativas terminan por justificar la selección de la elite y por otorgar “legalidad” y “merecimiento” a la mala posición social (Puyol, A., El sueño de la igualdad de oportunidades. Crítica de la ideología meritocrática, 2010). Una paradoja tras otra se acumulan en todo ejercicio de observación, intento de comprensión, crítica, o propuesta de solución a la ajustada tensión que existe entre una escuela que dice tener pretensiones igualitaristas y unas circunstancias sociales y económicas que, de facto, impiden a la escolaridad cumplir con sus compromisos. La intención de esta ponencia, no obstante, no se reduce a dar cuenta de las paradojas y los obstáculos que se manifiestan en los intentos de ofrecer instrucción pública en contextos de desigualdad económica y social pronunciada. La pretensión es más ambiciosa, consiste en avanzar en la defensa de una tesis básica, a saber: Que la incuestionable capacidad de reproducción y agudización de las desigualdades socio-económicas que tiene la escuela sólo podría ser combatida –desde la escuela misma- mediante la realización de un proyecto que priorizara la educación política. La tesis no se postula como un proyecto de impartición de doctrina democratizadora, emancipatoria, ni aun igualitarista; sino como un ejercicio de construcción de capacidades para la participación en el espacio público. En el entendido de que no toca a la escuela realizar los cambios sociales que permitan modificar las condiciones existentes de desigualdad ilegítima, la escuela no puede tener la tarea de instruir en torno a un proyecto predeterminado de transformación social. Su tarea se reduce a buscar la homogeneidad de condiciones en que los futuros ciudadanos tendrán oportunidades para la participación política. Las posibilidades de intervención educativa con pretensiones igualitaristas no pueden soslayar el reconocimiento de las dificultades de su realización, quizá, tampoco puedan evadir la denuncia del ordenamiento desequilibradeconómicos, pero la intervención misma no se resuelve en esos dos planos. La misión de la escuela en torno a la búsqueda de igualdad -sostendré en la ponencia- tendría que ajustarse a la tarea de fomentar -en todos los sujetos- las habilidades, los conocimientos, y las disposiciones morales que son indispensables para la participación política. |
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