Sindicatos docentes y reforma educativa en el Jujuy neoliberal: un análisis pragmático del conflicto social
- Autores
- Centanni, Antonela
- Año de publicación
- 2014
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión aceptada
- Descripción
- En la provincia de Jujuy la aceptación de la transferencia educativa por parte del gobierno fue casi inmediata. El motivo central de esta rápida adhesión fue el condicionamiento económico, pues con la firma de los sucesivos Pactos Educativos, Nación enviaba fondos para sostener la reforma, que garantizaban al ejecutivo provincial el ingreso de ciertos recursos para descomprimir, al menos circunstancialmente, la profunda crisis financiera que atravesaba la provincia desde finales de los años 1980. El carácter eminentemente político de las políticas educativas permite comprender dos cuestiones: en primer lugar, que la crisis del sistema educativo es siempre otra manifestación de la crisis económica- política general; y en segundo lugar, que las agitadas luchas que se producen fuera y dentro del Estado, se proponen incidir sobre la orientación de la política educativa en esa etapa histórica. El aumento de las movilizaciones y la evidente nacionalización del conflicto pusieron en marcha, desde diferentes áreas del gobierno nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación, principalmente), estrategias para des-legitimar: los sindicatos, acusándoles de subversión e intereses desestabilizadores; los gobiernos provinciales, considerándolos ineficaces frente a la aplicación de la reforma, y los docentes, denunciados de escasa capacidad y preparación, como una forma de enmascarar la falta de estructuración con que se implantaba la reforma, especialmente en su financiamiento. Fue en este contexto de crisis generalizada de las estructuras del Estado y la enorme depreciación de los salarios cuando CTERA alcanza el impulso necesario para nacionalizar el conflicto: la carpa blanca. Los estudios sobre la disputa entre sindicatos docentes y gobierno provincial/ nacional en el marco de la reforma educativa de 1993 han identificado algunas variables relevantes para pensar el problema general aplicado a los análisis en caso: - la consolidación de CTERA -en 1973- como motor de transformación de las asociaciones docentes en sindicatos, y la figura del docente como vehículo del conocimiento al docente como trabajador de la educación. - la tensión entre la lógica gremial y la lógica política en las acciones desarrolladas por CTERA luego de sancionada la Ley de Transferencia de los establecimientos educativos, que la legitimó como portavoz de la protesta frente al descontento social generado. - la multiplicación de actores que integraron el escenario socio-político, donde tanto los estados provinciales como los sindicatos de base se caracterizaban por un alto grado de heterogeneidad. Los escasos estudios que abordan el conflicto Estado provincial y sindicatos docentes para el caso jujeño señalan que entre los años 1995 y 1998 se agudizó la disputa, que el eje de la resistencia sindical era, como en el resto de las provincias, la defensa de las conquistas garantizadas en sus estatutos frente a la incertidumbre que la flexibilización laboral representaba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito nacional, donde la lucha encabezada por CTERA nucleó la resistencia docente materializada en la Carpa Blanca, la ausencia de un sindicato único para los trabajadores de la educación fue una característica relevante del sindicalismo docente en Jujuy. El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de reforma educativa (1991-1999) en Jujuy identificando las singularidades del caso. Si bien las investigaciones en el plano nacional reconocen como ejes de la disputa la diagramación de la Ley Federal de Educación y la puesta en marcha de la Reforma Educativa, en Jujuy dada la profunda dependencia de la macro política nacional, el punto de partida del debate fue la lucha por evitar la aplicación de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos. Y posteriormente, durante la aplicación de la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) la participación sindical docente se concentró en la defensa de las condiciones laborales y salariales no solo del sector, sino en el marco de las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores estatales. En este sentido, se analizan las acciones y alianzas llevadas a cabo por los actores tanto “dentro como fuera” del sistema educativo en la realidad local, a saber: la Secretaría de Cultura y Educación, y la Gobernación de la Provincia de Jujuy, por un lado; y la Asociación de Educadores Provinciales -ADEP-y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior -CEDEMS-, por el otro.
Fil: Centanni, Antonela. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina - Materia
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El carácter eminentemente político de las políticas educativas permite comprender dos cuestiones: en primer lugar, que la crisis del sistema educativo es siempre otra manifestación de la crisis económica- política general; y en segundo lugar, que las agitadas luchas que se producen fuera y dentro del Estado, se proponen incidir sobre la orientación de la política educativa en esa etapa histórica. El aumento de las movilizaciones y la evidente nacionalización del conflicto pusieron en marcha, desde diferentes áreas del gobierno nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación, principalmente), estrategias para des-legitimar: los sindicatos, acusándoles de subversión e intereses desestabilizadores; los gobiernos provinciales, considerándolos ineficaces frente a la aplicación de la reforma, y los docentes, denunciados de escasa capacidad y preparación, como una forma de enmascarar la falta de estructuración con que se implantaba la reforma, especialmente en su financiamiento. Fue en este contexto de crisis generalizada de las estructuras del Estado y la enorme depreciación de los salarios cuando CTERA alcanza el impulso necesario para nacionalizar el conflicto: la carpa blanca. Los estudios sobre la disputa entre sindicatos docentes y gobierno provincial/ nacional en el marco de la reforma educativa de 1993 han identificado algunas variables relevantes para pensar el problema general aplicado a los análisis en caso: - la consolidación de CTERA -en 1973- como motor de transformación de las asociaciones docentes en sindicatos, y la figura del docente como vehículo del conocimiento al docente como trabajador de la educación. - la tensión entre la lógica gremial y la lógica política en las acciones desarrolladas por CTERA luego de sancionada la Ley de Transferencia de los establecimientos educativos, que la legitimó como portavoz de la protesta frente al descontento social generado. - la multiplicación de actores que integraron el escenario socio-político, donde tanto los estados provinciales como los sindicatos de base se caracterizaban por un alto grado de heterogeneidad. Los escasos estudios que abordan el conflicto Estado provincial y sindicatos docentes para el caso jujeño señalan que entre los años 1995 y 1998 se agudizó la disputa, que el eje de la resistencia sindical era, como en el resto de las provincias, la defensa de las conquistas garantizadas en sus estatutos frente a la incertidumbre que la flexibilización laboral representaba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito nacional, donde la lucha encabezada por CTERA nucleó la resistencia docente materializada en la Carpa Blanca, la ausencia de un sindicato único para los trabajadores de la educación fue una característica relevante del sindicalismo docente en Jujuy. El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de reforma educativa (1991-1999) en Jujuy identificando las singularidades del caso. Si bien las investigaciones en el plano nacional reconocen como ejes de la disputa la diagramación de la Ley Federal de Educación y la puesta en marcha de la Reforma Educativa, en Jujuy dada la profunda dependencia de la macro política nacional, el punto de partida del debate fue la lucha por evitar la aplicación de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos. Y posteriormente, durante la aplicación de la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) la participación sindical docente se concentró en la defensa de las condiciones laborales y salariales no solo del sector, sino en el marco de las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores estatales. En este sentido, se analizan las acciones y alianzas llevadas a cabo por los actores tanto “dentro como fuera” del sistema educativo en la realidad local, a saber: la Secretaría de Cultura y Educación, y la Gobernación de la Provincia de Jujuy, por un lado; y la Asociación de Educadores Provinciales -ADEP-y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior -CEDEMS-, por el otro.Fil: Centanni, Antonela. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; ArgentinaUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas. 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En la provincia de Jujuy la aceptación de la transferencia educativa por parte del gobierno fue casi inmediata. El motivo central de esta rápida adhesión fue el condicionamiento económico, pues con la firma de los sucesivos Pactos Educativos, Nación enviaba fondos para sostener la reforma, que garantizaban al ejecutivo provincial el ingreso de ciertos recursos para descomprimir, al menos circunstancialmente, la profunda crisis financiera que atravesaba la provincia desde finales de los años 1980. El carácter eminentemente político de las políticas educativas permite comprender dos cuestiones: en primer lugar, que la crisis del sistema educativo es siempre otra manifestación de la crisis económica- política general; y en segundo lugar, que las agitadas luchas que se producen fuera y dentro del Estado, se proponen incidir sobre la orientación de la política educativa en esa etapa histórica. El aumento de las movilizaciones y la evidente nacionalización del conflicto pusieron en marcha, desde diferentes áreas del gobierno nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación, principalmente), estrategias para des-legitimar: los sindicatos, acusándoles de subversión e intereses desestabilizadores; los gobiernos provinciales, considerándolos ineficaces frente a la aplicación de la reforma, y los docentes, denunciados de escasa capacidad y preparación, como una forma de enmascarar la falta de estructuración con que se implantaba la reforma, especialmente en su financiamiento. Fue en este contexto de crisis generalizada de las estructuras del Estado y la enorme depreciación de los salarios cuando CTERA alcanza el impulso necesario para nacionalizar el conflicto: la carpa blanca. Los estudios sobre la disputa entre sindicatos docentes y gobierno provincial/ nacional en el marco de la reforma educativa de 1993 han identificado algunas variables relevantes para pensar el problema general aplicado a los análisis en caso: - la consolidación de CTERA -en 1973- como motor de transformación de las asociaciones docentes en sindicatos, y la figura del docente como vehículo del conocimiento al docente como trabajador de la educación. - la tensión entre la lógica gremial y la lógica política en las acciones desarrolladas por CTERA luego de sancionada la Ley de Transferencia de los establecimientos educativos, que la legitimó como portavoz de la protesta frente al descontento social generado. - la multiplicación de actores que integraron el escenario socio-político, donde tanto los estados provinciales como los sindicatos de base se caracterizaban por un alto grado de heterogeneidad. Los escasos estudios que abordan el conflicto Estado provincial y sindicatos docentes para el caso jujeño señalan que entre los años 1995 y 1998 se agudizó la disputa, que el eje de la resistencia sindical era, como en el resto de las provincias, la defensa de las conquistas garantizadas en sus estatutos frente a la incertidumbre que la flexibilización laboral representaba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito nacional, donde la lucha encabezada por CTERA nucleó la resistencia docente materializada en la Carpa Blanca, la ausencia de un sindicato único para los trabajadores de la educación fue una característica relevante del sindicalismo docente en Jujuy. El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de reforma educativa (1991-1999) en Jujuy identificando las singularidades del caso. Si bien las investigaciones en el plano nacional reconocen como ejes de la disputa la diagramación de la Ley Federal de Educación y la puesta en marcha de la Reforma Educativa, en Jujuy dada la profunda dependencia de la macro política nacional, el punto de partida del debate fue la lucha por evitar la aplicación de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos. Y posteriormente, durante la aplicación de la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) la participación sindical docente se concentró en la defensa de las condiciones laborales y salariales no solo del sector, sino en el marco de las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores estatales. En este sentido, se analizan las acciones y alianzas llevadas a cabo por los actores tanto “dentro como fuera” del sistema educativo en la realidad local, a saber: la Secretaría de Cultura y Educación, y la Gobernación de la Provincia de Jujuy, por un lado; y la Asociación de Educadores Provinciales -ADEP-y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior -CEDEMS-, por el otro. Fil: Centanni, Antonela. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina |
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En la provincia de Jujuy la aceptación de la transferencia educativa por parte del gobierno fue casi inmediata. El motivo central de esta rápida adhesión fue el condicionamiento económico, pues con la firma de los sucesivos Pactos Educativos, Nación enviaba fondos para sostener la reforma, que garantizaban al ejecutivo provincial el ingreso de ciertos recursos para descomprimir, al menos circunstancialmente, la profunda crisis financiera que atravesaba la provincia desde finales de los años 1980. El carácter eminentemente político de las políticas educativas permite comprender dos cuestiones: en primer lugar, que la crisis del sistema educativo es siempre otra manifestación de la crisis económica- política general; y en segundo lugar, que las agitadas luchas que se producen fuera y dentro del Estado, se proponen incidir sobre la orientación de la política educativa en esa etapa histórica. El aumento de las movilizaciones y la evidente nacionalización del conflicto pusieron en marcha, desde diferentes áreas del gobierno nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación, principalmente), estrategias para des-legitimar: los sindicatos, acusándoles de subversión e intereses desestabilizadores; los gobiernos provinciales, considerándolos ineficaces frente a la aplicación de la reforma, y los docentes, denunciados de escasa capacidad y preparación, como una forma de enmascarar la falta de estructuración con que se implantaba la reforma, especialmente en su financiamiento. Fue en este contexto de crisis generalizada de las estructuras del Estado y la enorme depreciación de los salarios cuando CTERA alcanza el impulso necesario para nacionalizar el conflicto: la carpa blanca. Los estudios sobre la disputa entre sindicatos docentes y gobierno provincial/ nacional en el marco de la reforma educativa de 1993 han identificado algunas variables relevantes para pensar el problema general aplicado a los análisis en caso: - la consolidación de CTERA -en 1973- como motor de transformación de las asociaciones docentes en sindicatos, y la figura del docente como vehículo del conocimiento al docente como trabajador de la educación. - la tensión entre la lógica gremial y la lógica política en las acciones desarrolladas por CTERA luego de sancionada la Ley de Transferencia de los establecimientos educativos, que la legitimó como portavoz de la protesta frente al descontento social generado. - la multiplicación de actores que integraron el escenario socio-político, donde tanto los estados provinciales como los sindicatos de base se caracterizaban por un alto grado de heterogeneidad. Los escasos estudios que abordan el conflicto Estado provincial y sindicatos docentes para el caso jujeño señalan que entre los años 1995 y 1998 se agudizó la disputa, que el eje de la resistencia sindical era, como en el resto de las provincias, la defensa de las conquistas garantizadas en sus estatutos frente a la incertidumbre que la flexibilización laboral representaba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito nacional, donde la lucha encabezada por CTERA nucleó la resistencia docente materializada en la Carpa Blanca, la ausencia de un sindicato único para los trabajadores de la educación fue una característica relevante del sindicalismo docente en Jujuy. El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de reforma educativa (1991-1999) en Jujuy identificando las singularidades del caso. Si bien las investigaciones en el plano nacional reconocen como ejes de la disputa la diagramación de la Ley Federal de Educación y la puesta en marcha de la Reforma Educativa, en Jujuy dada la profunda dependencia de la macro política nacional, el punto de partida del debate fue la lucha por evitar la aplicación de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos. Y posteriormente, durante la aplicación de la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) la participación sindical docente se concentró en la defensa de las condiciones laborales y salariales no solo del sector, sino en el marco de las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores estatales. En este sentido, se analizan las acciones y alianzas llevadas a cabo por los actores tanto “dentro como fuera” del sistema educativo en la realidad local, a saber: la Secretaría de Cultura y Educación, y la Gobernación de la Provincia de Jujuy, por un lado; y la Asociación de Educadores Provinciales -ADEP-y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior -CEDEMS-, por el otro. |
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