Políticas de seguridad y fuerza policial

• Autores: Brocca, Magdalena; Morales, Susana; Plaza, Valeria
• Año de publicación: 2015
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: parte de libro
• Materia: POLICÍA; POLÍTICAS DE SEGURIDAD; JUVENTUD; USO LETAL DE LA FUERZA
• Institución: Universidad Nacional de Córdoba

Fil: Brocca, Magdalena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Filosofía; Argentina.
Fil: Morales, Susana. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados (CEA); Argentina.
Fil: Plaza, Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina.
No es posible comenzar un informe de Derechos Humanos en Córdoba sin hacer referencia al autoacuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013.En el informe 2013, hablamos de las malas condiciones de trabajo de la base de la pirámide policial. Dos hechos profundizaron esta situación. El primero, el recorte que la Ministra Monteoliva operó sobre las adicionales por patrullaje. El segundo, el intento de poner límites a los pagos en negro y en mano -es decir, sin ningún tipo de contabilidad institucional- que se realizaban a los adicionales (la chispa). Estos intentos por tratar de transparentar la gestión económica, fueron acompañados por la denuncia a quien fuera el último jefe de la Policía del Ministro Alejo Paredes, por la contratación directa de empresas de repuestos para los móviles policiales. Sin embargo, la necesaria consideración sobre las condiciones de trabajo no puede dejar de lado la gravedad de lo que sucedió esos dos días, cuando lo que se puso en crisis fue toda una política de seguridad construida por más de 15 años. La fuerza policial demostró esos días el poder que este modelo de gestión de lo urbano le otorgó: -Es la única institución estatal con un despliegue territorial que regula la vida cotidiana de los cordobeses: La policía se ha constituido en la única presencia del Estado que media en los conflictos sociales. Al sacar esa especie de malla de contención constituida por la presencia territorial de la fuerza, los conflictos afloran sin posibilidad de articular mediación alguna por fuera de su lógica de intervención violenta. Después de la puesta en cuestión de la institución policial a raíz de las denuncias de participación y regulación en el narcotráfico provincial, después de una multitudinaria Marcha de la Gorra pidiendo que se modifique la política de seguridad excluyente y discriminatoria -además de ineficaz para reducir el delito-, se fortaleció la corporación policial que reivindicó para sí misma el control de la ciudad: como gritaron los policías tras el acuerdo salarial, “la ciudad es nuestra”. Y luego de que este modelo de gestión social mostrara las consecuencias de una política sin alternativas de abordaje puramente represivas, con el enfrentamiento entre vecinos (Nuestro Hogar III en la zona sur, y los enfrentamientos entre grupos de Villa 9 de Julio IPV Arguello fueron dos zonas especialmente conflictivas), la recomposición quedó a manos de la Policía -nuevamente- y del sistema penal. Las consecuencias. Como ya se dijo, el 3 y 4 de diciembre de 2013 significaron para la Provincia una oportunidad histórica que en principio presentaba a las autoridades provinciales dos opciones: encarar una profunda democratización de una fuerza que mostraba su peor cara en cuanto a la corrupción estructural (puesta de manifiesto con el narco escándalo y los negociados del entonces Jefe de Policía con las casas de repuestos), pero también en relación al poder desestabilizador y a los efectos de violencia social que décadas de autonomía policial, represión ante la aparición de conflictos sociales y policialización de la política de seguridad que se pusieron de manifiesto en la violencia social desatada ante el autoacuartelamiento. La otra opción era entregarle definitivamente el gobierno de la seguridad a la fuerza y terminar de sellar el doble pacto entre la política y la fuerza policial. Esta fue la estrategia elegida por el gobierno policial que tuvo como consecuencia una estrategia de relegitimación de la fuerza policial. Las consecuencias de estas estrategias no tardaron en ser visibles para todos los cordobeses. Por considerar que son las más preocupantes y que ponen de manifiesto el autogobierno policial y los niveles de autonomía e impunidad a que han llegado las fuerzas de seguridad en la provincia, decidimos resaltar dos aspectos que surgen como consecuencia de esta relegitimación social de la Policía de Córdoba iniciada ni bien se superó la crisis provocada por el autoacuartelamiento. Uso letal de la fuerza. El año 2014 ha constituido una profundización de la violencia ejercida por la policía en relación a los jóvenes de sectores populares. Vemos con profunda preocupación la seguidilla de casos de homicidios realizados por agentes de Fuerzas de Seguridad en diversas circunstancias pero que tienen ciertos rasgos que permiten leer una política de utilización del uso letal de la fuerza que ha sufrido algunas modificaciones respecto a años anteriores: por un lado los homicidios se producen con mayor frecuencia en el espacio público y se caracterizan por ser ejecuciones extrajudiciales, los protagonistas de estos hechos son policías de menor rango y en general las víctimas son casi con exclusividad varones, jóvenes provenientes de sectores populares. En la mayoría de los casos la policía presenta los acontecimientos como “muertes en enfrentamientos” donde los muertos siempre son los delincuentes abatidos, no aparecen en los partes de prensa el registro de algún herido por parte de los agentes intervinientes y, en general la causa de muerte es un impacto de bala en la nuca y/o espalda de la víctima.
http://hdl.handle.net/11086/1960
Fil: Brocca, Magdalena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Filosofía; Argentina.
Fil: Morales, Susana. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados (CEA); Argentina.
Fil: Plaza, Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina.
Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social, etc.)