La legitimidad de las intervenciones judiciales estructurales

Autores
Puga, Mariela
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Puga, Mariela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Derecho; Argentina.
Fil: Puga, Mariela. Columbia School of Law; Estados Unidos.
Fil: Puga, Mariela. Universidad de Palermo. Facultad de Derecho; Argentina.
Fil: Puga, Mariela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
La reforma constitucional de 1994 elevó notablemente el amperímetro de legitimidad de la jurisdicción estructural en el derecho argentino. El amparo colectivo no es la primera figura procesal colectiva en nuestro derecho, ni es el primer trámite que admite la participación de varios actores , pero sí es la primera vez que la Constitución consagra un principio procesal habilitante de decisiones judiciales estructurales. En efecto, el derecho a reclamar derechos de incidencia colectiva en representación de un colectivo, o clase, no sólo es la consagración de una categoría particular de derechos, sino el reconocimiento de una función judicial diferente a la canónica o bipolar. Cabe anotar también, que aunque las intervenciones judiciales estructurales tienen más de un siglo en nuestro país, por las vías procesales tradicionales, la habilitación constitucional de un trámite específico, allanó el camino para dejar atrás doctrinas prohibitivas de sospechada vaguedad, tales como la de las “cuestiones políticas no-justiciables”, o la de los “derechos programáticos” no exigibles judicialmente.
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Fil: Puga, Mariela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Otras Derecho
Materia
Legitimidad consitiucional
Jurisdicción estructural
Acceso a la justicia
Procesos colectivos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/555419

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La reforma constitucional de 1994 elevó notablemente el amperímetro de legitimidad de la jurisdicción estructural en el derecho argentino. El amparo colectivo no es la primera figura procesal colectiva en nuestro derecho, ni es el primer trámite que admite la participación de varios actores , pero sí es la primera vez que la Constitución consagra un principio procesal habilitante de decisiones judiciales estructurales. En efecto, el derecho a reclamar derechos de incidencia colectiva en representación de un colectivo, o clase, no sólo es la consagración de una categoría particular de derechos, sino el reconocimiento de una función judicial diferente a la canónica o bipolar. Cabe anotar también, que aunque las intervenciones judiciales estructurales tienen más de un siglo en nuestro país, por las vías procesales tradicionales, la habilitación constitucional de un trámite específico, allanó el camino para dejar atrás doctrinas prohibitivas de sospechada vaguedad, tales como la de las “cuestiones políticas no-justiciables”, o la de los “derechos programáticos” no exigibles judicialmente.
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