Generación distribuida comunitaria en Argentina

Autores
Tribenti, Sabina
Año de publicación
2026
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Devalis, Sergio
Descripción
Trabajo Final (MGER)--FCEFyN- UNC, 2026
Fil: Tribenti, Sabina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.
A partir de la firma del Acuerdo de París, los países demostraron su disposición a transformar sus economías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para avanzar hacia una transición energética justa y equitativa, no solo es necesario incrementar la potencia instalada de sistemas de generación con energías renovables, sino también adoptar enfoques innovadores que incorporen a nuevos actores. En este contexto, la generación renovable bajo esquemas comunitarios, basada en la participación y propiedad local, se presenta como un modelo complementario clave. Estos proyectos no solo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que también generan empleo, fortalecen las economías regionales y promueven procesos de toma de decisiones más participativos y transparentes. Asimismo, facilitan el acceso a la energía renovable y aportan al cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la matriz energética. En Argentina, la Ley Nacional N° 27,424 marcó el inicio del desarrollo de la generación distribuida. Posteriormente, ante el interés de provincias como Córdoba y Mendoza en promover la generación distribuida comunitaria, el Gobierno Nacional dictó la Resolución 608/2023, que introdujo la figura del Usuario Generador Comunitario y estableció lineamientos básicos. Sin embargo, el desarrollo del sector aún es incipiente. El marco normativo y los mecanismos de compensación vigentes no han logrado los resultados esperados, lo que evidencia la necesidad de revisar y fortalecer las herramientas existentes. En este sentido, resulta fundamental analizar experiencias internacionales exitosas y adaptarlas al contexto local. Para impulsar la generación distribuida comunitaria, es clave avanzar en una política de Estado que brinde previsibilidad y confianza a los inversores, junto con un plan energético de largo plazo que incluya metas específicas para este tipo de proyectos. Asimismo, la implementación de mecanismos de compensación e incentivos efectivos, ya probados en otros países, debería ser una prioridad para aumentar la capacidad instalada en manos de las comunidades. Finalmente, el acompañamiento estatal mediante asesoramiento técnico y legal en las etapas iniciales resulta fundamental para facilitar la creación y consolidación de comunidades energéticas en el país.
Following the signing of the Paris Agreement, countries demonstrated their willingness to transform their economies in order to reduce greenhouse gas emissions. To move toward a just and equitable energy transition, it is not only necessary to increase the installed capacity of renewable energy generation systems, but also to adopt innovative approaches that incorporate new actors. In this context, renewable energy generation under community-based schemes, grounded in local participation and ownership, emerges as a key complementary model. These projects not only contribute to emission reductions, but also create green jobs, strengthen regional economies, and promote more participatory and transparent decision-making processes. In addition, they facilitate access to renewable energy and support the achievement of energy matrix decarbonization goals. In Argentina, National Law No. 27,424 marked the beginning of the development of distributed generation. Subsequently, in response to the interest shown by provinces such as Córdoba and Mendoza in promoting community generation, the National Government issued Resolution No. 608/2023, which introduced the figure of the Community User-Generator and established basic guidelines. However, the sector’s development remains incipient. The current regulatory framework and compensation mechanisms have not achieved the expected results, highlighting the need to review and strengthen existing tools. In this regard, it is essential to analyze successful international experiences and adapt them to the local context. To promote community distributed generation, it is crucial to advance toward a state policy that provides predictability and confidence for investors, along with a long-term energy plan that includes specific targets for this type of projects. Likewise, the implementation of effective compensation and incentive mechanisms, already proven in other countries, should be a priority in order to increase the installed capacity owned by communities. Finally, state support through technical and legal assistance in the early stages is essential to facilitate the creation and consolidation of energy communities in the country.
Fil: Tribenti, Sabina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.
Materia
TECHNOLOGY
Trabajo Final (MGER)
Maestría en Generación de Energías Renovables
Energías Renovables
Renewable Energies
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/561171

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Estos proyectos no solo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que también generan empleo, fortalecen las economías regionales y promueven procesos de toma de decisiones más participativos y transparentes. Asimismo, facilitan el acceso a la energía renovable y aportan al cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la matriz energética. En Argentina, la Ley Nacional N° 27,424 marcó el inicio del desarrollo de la generación distribuida. Posteriormente, ante el interés de provincias como Córdoba y Mendoza en promover la generación distribuida comunitaria, el Gobierno Nacional dictó la Resolución 608/2023, que introdujo la figura del Usuario Generador Comunitario y estableció lineamientos básicos. Sin embargo, el desarrollo del sector aún es incipiente. El marco normativo y los mecanismos de compensación vigentes no han logrado los resultados esperados, lo que evidencia la necesidad de revisar y fortalecer las herramientas existentes. En este sentido, resulta fundamental analizar experiencias internacionales exitosas y adaptarlas al contexto local. Para impulsar la generación distribuida comunitaria, es clave avanzar en una política de Estado que brinde previsibilidad y confianza a los inversores, junto con un plan energético de largo plazo que incluya metas específicas para este tipo de proyectos. Asimismo, la implementación de mecanismos de compensación e incentivos efectivos, ya probados en otros países, debería ser una prioridad para aumentar la capacidad instalada en manos de las comunidades. Finalmente, el acompañamiento estatal mediante asesoramiento técnico y legal en las etapas iniciales resulta fundamental para facilitar la creación y consolidación de comunidades energéticas en el país.Following the signing of the Paris Agreement, countries demonstrated their willingness to transform their economies in order to reduce greenhouse gas emissions. To move toward a just and equitable energy transition, it is not only necessary to increase the installed capacity of renewable energy generation systems, but also to adopt innovative approaches that incorporate new actors. In this context, renewable energy generation under community-based schemes, grounded in local participation and ownership, emerges as a key complementary model. These projects not only contribute to emission reductions, but also create green jobs, strengthen regional economies, and promote more participatory and transparent decision-making processes. In addition, they facilitate access to renewable energy and support the achievement of energy matrix decarbonization goals. In Argentina, National Law No. 27,424 marked the beginning of the development of distributed generation. Subsequently, in response to the interest shown by provinces such as Córdoba and Mendoza in promoting community generation, the National Government issued Resolution No. 608/2023, which introduced the figure of the Community User-Generator and established basic guidelines. However, the sector’s development remains incipient. The current regulatory framework and compensation mechanisms have not achieved the expected results, highlighting the need to review and strengthen existing tools. In this regard, it is essential to analyze successful international experiences and adapt them to the local context. To promote community distributed generation, it is crucial to advance toward a state policy that provides predictability and confidence for investors, along with a long-term energy plan that includes specific targets for this type of projects. Likewise, the implementation of effective compensation and incentive mechanisms, already proven in other countries, should be a priority in order to increase the installed capacity owned by communities. Finally, state support through technical and legal assistance in the early stages is essential to facilitate the creation and consolidation of energy communities in the country.Fil: Tribenti, Sabina. Universidad Nacional de Córdoba. 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Following the signing of the Paris Agreement, countries demonstrated their willingness to transform their economies in order to reduce greenhouse gas emissions. To move toward a just and equitable energy transition, it is not only necessary to increase the installed capacity of renewable energy generation systems, but also to adopt innovative approaches that incorporate new actors. In this context, renewable energy generation under community-based schemes, grounded in local participation and ownership, emerges as a key complementary model. These projects not only contribute to emission reductions, but also create green jobs, strengthen regional economies, and promote more participatory and transparent decision-making processes. In addition, they facilitate access to renewable energy and support the achievement of energy matrix decarbonization goals. In Argentina, National Law No. 27,424 marked the beginning of the development of distributed generation. Subsequently, in response to the interest shown by provinces such as Córdoba and Mendoza in promoting community generation, the National Government issued Resolution No. 608/2023, which introduced the figure of the Community User-Generator and established basic guidelines. However, the sector’s development remains incipient. The current regulatory framework and compensation mechanisms have not achieved the expected results, highlighting the need to review and strengthen existing tools. In this regard, it is essential to analyze successful international experiences and adapt them to the local context. To promote community distributed generation, it is crucial to advance toward a state policy that provides predictability and confidence for investors, along with a long-term energy plan that includes specific targets for this type of projects. Likewise, the implementation of effective compensation and incentive mechanisms, already proven in other countries, should be a priority in order to increase the installed capacity owned by communities. Finally, state support through technical and legal assistance in the early stages is essential to facilitate the creation and consolidation of energy communities in the country.
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