Las disputas por los bienes comunes y su impacto en la apropiación de servicios ecosistémicos. La Ley de Protección de Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba, Argentina

• Autores: Cabrol, Diego Antonio; Cáceres, Daniel Mario
• Año de publicación: 2017
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: artículo
• Fuente: Ecol. austral (En línea) 2017;01bis(027):134-145
• Materia: EXCLUSION; LEGISLACION AMBIENTAL; CERCAMIENTOS; GREEN GRABBING; EXCLUSION; ENVIRONMENTAL LEGISLATION; ENCLOSURES; GREEN GRABBING
• Institución: Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

A partir de las cuatro categorías que regulan la propiedad, el acceso y la apropiación de los bienes naturales (i.e., privada, estatal, libre, y comunal), el presente trabajo busca analizar cómo la aprobación de una ley que propone conservar el bosque nativo i) genera procesos de cercamiento de bienes comunes, y ii) impacta de manera diferencial sobre distintos actores sociales. La utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas, y la combinación de distintas fuentes de información (i.e., entrevistas a distintos actores sociales, medios masivos de comunicación, documentos gubernamentales) permitió analizar los impactos sociales de la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial para los Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba (Argentina). Los resultados sugieren que la nueva ley prioriza la idea de propiedad privada por sobre las normas consuetudinarias, los arreglos locales y el acceso flexible a los servicios ecosistémicos, propios de la lógica productiva campesina. Los productores capitalizados, con mayor poder económico y político, disponen de mecanismos que les permiten atenuar los efectos restrictivos del nuevo régimen legal y están mejor posicionados para recibir compensaciones monetarias de parte del Estado. Así se generan nuevas condiciones sociales que se traducen en nuevos procesos de exclusión social y en asimetrías económicas entre los productores que operan en un mismo territorio. Son los más vulnerables y con menos poder económico y político (i.e., los campesinos), y los más perjudicados en el nuevo escenario emergente. En un mundo globalizado donde domina la lógica económica de mercado, los ecosistemas nativos están sujetos a una lógica extractivista que prioriza la rentabilidad de corto plazo. Esto genera costos ambientales y sociales elevados. El Estado tiene la responsabilidad de proteger estos ecosistemas a fin de garantizar el bienestar común, pero toda legislación ambiental nueva también debe evaluar sus posibles impactos socioeconómicos.
Drawing upon the four categories that regulate property, access and appropriation of economic goods (i.e., private, public, open access, and common), this paper aims to analyze how the approval of a law that fosters the conservation of native forests a) promotes the enclosure of common goods, and b) causes different impacts among social actors. By using both quantitative and qualitative methodologies and combining different information sources (interviews to different social actors, mass media, and government documents), we analyzed the socioeconomic impacts of the Law for the Protection of Native Forests, in the Province of Córdoba (Argentina). The results suggest that the new law prioritize the concept of private property over customary norms, local arrangements, and flexible access to ecosystem services which are major features of the social and productive approach followed by subsistence farmers. Capitalized farmers, holding higher economic and political power, have access to different mechanisms allowing them to lessen the new-laws restrictive effects, and have better chances to receive monetary compensations from the Estate for payments for ecosystem services. Thus, new social conditions emerge, which translate into economic asymmetries and processes of social exclusion among different kinds of farmers settled in the same territory. Those who hold lower political and economic power are the most vulnerable ones (i.e., subsistence farmers) and therefore are the most negatively impacted by the new scenario. In a globalized world dominated by an economy market that prioritizes short-term profits, native ecosystems face growing extractivist pressures, which is generating high social and environmental consequences. The State has the responsibility to protect these threatened ecosystems and to guarantee social wellbeing. But all new environmental legislation must also consider its possible socioeconomic impacts.