La educación ambiental integral con énfasis en el cambio climático en la ley 27.592 como política de estado

• Autores: González Acosta, Gustavo R.; Landó, Leandro Martín
• Año de publicación: 2022
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: documento de conferencia
• Materia: Educación; Sostenibilidad; Cambio climático; Política; Acción
• Institución: Universidad Nacional del Nordeste

Fil: González Acosta, Gustavo R. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Fil: Landó, Leandro Martín. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 13 de las Naciones Unidas denominado Acción por el Clima incluye como metas específicas, a saber: 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. El dictado de la Ley 27592 de Formación Integral Ambiental con énfasis en el Cambio Climático, denominada Ley Yolanda tiene por objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nació. La observación del momento histórico y el contexto para la sanción de la norma implicó una creación analítica de la educación ambiental integral con énfasis en el cambio climático como política(s) estatal(es). La misma fue deducida como parte de un proceso social al que concurren otras políticas y esencialmente dinámico en sentido propio debido al conjunto de actores que en interacción en un período temporal sin plazo impone la necesidad del seguimiento de la misma. Por otra parte, el carácter heterogéneo de sujetos que cumplen funciones dentro del Estado según los marcos jurídicos sectoriales vigentes en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si bien incluyen diferencias entre funcionarios, empleados y magistrados, entre otros, no los excluye, interpretamos, de la generalidad de la Ley Yolanda ya que la misma prevé a las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación como sujetos obligados por ella. La Acción por el Clima como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus Metas asociadas, así como la formación integral en ambiente con especial énfasis en el cambio climático constituyen una política de Estado. Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados Celsius por encima de los niveles pre-industriales como prevé el Convenio de París de Cambio Climático.