Los decretos de necesidad y urgencia, a partir de la reforma constitucional de 1994

• Autores: Mighetti, Carlos Mario
• Año de publicación: 2014
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: artículo
• Materia: Poder Ejecutivo; Sistema político argentino; DNU; Congreso de la Nación; Reforma Constitucional de 1994; Ley 26.122; Constitución Argentina; Control judicial
• Institución: Universidad Nacional de Luján

Fil: Mighetti, Carlos Mario. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina.
Las facultades legislativas del Poder Ejecutivo han sido severamente restringidas con la Reforma Constitucional de 1994 con el anhelo de neutralizar la indebida asunción de aquellas, que había sido una constante en la realidad institucional de la Argentina. En tal contexto, los llamados decretos de necesidad y urgencia previstos para circunstancias reales de excepción en cuanto conllevan una suerte de auténtica invasión de las competencias sustanciales del Poder Legislativo, han sido objeto de estrictas limitaciones tanto temáticas como procedimentales y se ha asignado el contralor de su dictado al Congreso de la Nación sanción de la ley 26.122 mediante. Empero tal fiscalización lejos se encuentra de ser efectiva, circunstancia tal que erige al control judicial como el único camino plausible para remediar tal disfuncionalidad.
The legislative powers of the Executive Branch have been severely restricted in the Constitutional Reform of 1994 with the desire to neutralize the improper assumption of those that had been a constant in the institutional reality of Argentina. In this context, the so-called decrees of necessity and urgency, intended for real exception circumstances insofar as they entail a kind of genuine invasion of the substantial powers of the legislature, have been subject to strict limitations both thematic and procedural and the controller of their dictation has been assigned to the National Congress by the enactment of the law 26.122. However this auditin is far from being effective, and therefore judicial review stands as the only plausible way to remedy this dysfunction.