Quien contamina, paga: ¿avance legislativo?

• Autores: Usunoff, Eduardo; González Castelain, José; Miranda, Marisa
• Año de publicación: 1999
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: documento de conferencia
• Materia: Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos; Conservación de los Recursos Naturales; Legislación Ambiental
• Institución: Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

Aside from higly developed countries, it was not until few years back that some efforts were devoted to meet the goals of economical growth and natural resources quality preservation. Because of that, their rules or laws do not address what today emerges as demands by the society: a rather high living standard and the enjoyment of a non-polluted environment. Such rules deem proper to apply economical fines to those who pollute the environment. Thus, a situation is set up so that contamination is virtually allowed as long as the national treasure gets its share. That is known as the “pollutant-payer” principle (PPP). This paper seeks the juridical validity of such principle, and finds it unfear, ethically questionable, and weak as a law-making thought. It is seen, at the most, as a complement of an action aimed at the restoration of the damaged system to its original status. Given such a lack of juridical support, the second part of this paper explores the limiting factors and characteristics of water resources (surface and groundwater) which may have incidence in looking for an updated set of rules or laws to address the above mentioned demands of the societies in the verge of the XX century.
Salvo en países de avanzada, hasta no hace muchos años pocos esfuerzos se volcaban a la compatibilización del crecimiento económico con la conservación de la calidad de los recursos naturales. Por la misma razón, las legislaciones o normas no reflejan adecuadamente lo que hoy se presentan como demandas de la sociedad: el alcance de un buen pasar económico y el disfrute de un medio ambiente no contaminado. Las legislaciones aludidas, cuando lo hacen, juzgan que es procedente aplicar sanciones económicas a aquellos que degradan el medio. Se establece, de hecho, una situación que permite contaminar en tanto se aporte al estado. Se lo conoce como el principio del contaminador-pagador (PCP). Este trabajo analiza la validez jurídica de ese precepto, y lo encuentra inequitativo, falto de ética, y por ende endeble en cuanto a derecho. Se lo concibe, en todo caso, como un complemento a la restitución de lo dañado o alterado a su situación original. Aceptando dicha falta de sustento jurídico, la segunda parte del trabajo explora los condicionantes y características de las aguas superficiales y subterráneas que podrían incidir llegado el momento de buscar una salida jurídica más acorde con los tiempos y las arriba aludidas demandas de las sociedades de fin del siglo XX.