Descripción de la organización del trabajo y de la sustentabilidad financiera de una empresa privada que presta servicios de salud en la provincia de Santa Fe, Argentina. Durante e...

Autores
Correa, Ignacio Mariano
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Echegoyemberry, María Natalia
Descripción
El presente estudio analiza las características de la organización del trabajo y la sustentabilidad financiera a partir de la estructura de ingresos y egresos, la dinámica de funcionamiento y los determinantes del contexto organizacional (inserción en el sistema de salud, marco normativo, normas impositivas, coyuntura económica) que impactan en una empresa que presta servicios de salud en la provincia de Santa Fe, República Argentina, durante el período 2015 – 2017. Se utilizó una metodología cuantitativa basándose en un estudio de caso descriptivo de corte transversal. Los datos para llevar adelante la misma fueron provistos por el sistema de información de la organización bajo estudio y se trianguló información. Las variables cuantitativas fueron analizadas a través del análisis de frecuencias y valores absolutos y utilizó el análisis PEST (Factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) para analizar la información del contexto. Dentro de los principales hallazgos se pueden señalar que los ingresos sanatoriales se concentran en dos financiadores estatales (PAMI en un 53.49% y IAPOS en un 16.39%), sobre los cuales el sanatorio tiene limitado poder de negociación. Los egresos se concentran en un 45.52% en sueldos, jornales y cargas sociales. Estos aumentan por ley (principalmente por negociación salariales) todos los años y el sanatorio, aquí también, tiene escaso poder de negociación. Si a este dato se le suman los importes erogados por honorarios profesionales, la incidencia de los gastos relacionados con recursos humanos llega al 68.10% del total. Los incrementos de aranceles otorgados por los financiadores hacia los efectores privados no alcanzan a igualar el índice de aumento de precios del sector. Además, los financiadores no 6 cubren, con el valor del Día Pensión, el precio de referencia para el sector privado de salud (precio de venta) establecido por las cámaras representantes de la actividad. Asimismo, del total de las ventas en el período bajo análisis, el 90% es vendido a No Gravados en IVA y, del total de las compras, sólo el 66% son No Gravadas. Esto genera saldos de IVA a favor del efector que no pueden ser compensados con otra carga fiscal (débitos fiscales menores a los créditos fiscales). El ciclo del negocio, desde que se presta los servicios hasta que se cobra, está entonces desfasado en perjuicio del prestador de servicios esenciales de salud. Además, los principales ingresos se cobran, en promedio, a 66.67 días de presentada la facturación del principal gasto, como los sueldos y las cargas sociales, que se pagan de contado. Se verifica así la importancia que tienen los débitos realizados por los financiadores a los efectores sobre sus facturaciones. En líneas generales, el estudio permitió verificar la desregulación y heterogeneidad en los valores ofrecidos por los financiadores a la efectora, así como también la falta de un nomenclador de prácticas valorizadas de referencia, lo que compromete la sustentabilidad de ésta, impactando en los usuarios de servicios de salud que se encuentran con cobertura del subsector de obras sociales, ya que el estado no tiene en la región analizada forma de absorber la prestación por carencia de infraestructura y servicios. Esta desregulación en los aranceles se complementa con una concentración oligopólica en los financiadores, mientras que desde el lado de los efectores existe una gran dispersión. En el presente estudio se identificó y corroboró el efecto “tenaza” al que es sometido el prestador privado de salud, en donde en una de las hojas de la tenaza se encuentra su principal centro de costo -sueldos- jornales, cargas sociales y honorarios que se actualizan 7 escalonadamente por ley-, y la otra hoja de la “tenaza” son sus ingresos, del cual el efector no es formador ni tiene poder de negociación, por lo que esta “tenaza” presiona al efector que se encuentra en el medio. Además, los resultados pudieron corroborar que el sanatorio tiene graves problemas para desarrollarse. Así quedó evidenciado en el análisis de sus estados de resultados y patrimoniales. Estos muestran que las condiciones y marcos de contención establecidos (legales, impositivos, laborales, económicos y políticos) para el ejercicio de la actividad no toman en cuenta las particularidades en la prestación de estos servicios, por lo que no se los diferencia, en su tratamiento, de cualquier otra empresa que brinda servicios no esenciales. Esto expone a los efectores privados a graves problemas que ponen en riesgo su supervivencia. También se verificó que el Estado no ejerce el control ni interviene frente a prestadores monopólicos. Asimismo, no establece incentivos impositivos para la actividad. Sin embargo, abunda la normativa vinculada al control, regulación, y punitivas de tipo tributario que afectan la sustentabilidad. Al mismo tiempo, se corroboró la falta de intervención del estado como figura de articulación, coordinación y órgano rector de la actividad del sector salud, librando la actividad del sector privado exclusivamente a las reglas del mercado. De esta manera, la salud no está garantizada como derecho humano esencial y el Estado deja librado al mercado la prestación (o no) de un servicio esencial restringiendo el servicio a la población que tenga (o no) capacidad de pago. Esta situación no sólo genera problemas en la sustentabilidad de los efectores del sector privado sino grandes inequidades en salud.
Fil: Fil: Correa, Ignacio Mariano. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario; Argentina
Materia
Organización del trabajo
sustentabilidad financiera
prestadora de Salud
subsector privado
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR)
Repositorio
RepHipUNR (UNR)
Institución
Universidad Nacional de Rosario
OAI Identificador
oai:rephip.unr.edu.ar:2133/16494

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Los datos para llevar adelante la misma fueron provistos por el sistema de información de la organización bajo estudio y se trianguló información. Las variables cuantitativas fueron analizadas a través del análisis de frecuencias y valores absolutos y utilizó el análisis PEST (Factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) para analizar la información del contexto. Dentro de los principales hallazgos se pueden señalar que los ingresos sanatoriales se concentran en dos financiadores estatales (PAMI en un 53.49% y IAPOS en un 16.39%), sobre los cuales el sanatorio tiene limitado poder de negociación. Los egresos se concentran en un 45.52% en sueldos, jornales y cargas sociales. Estos aumentan por ley (principalmente por negociación salariales) todos los años y el sanatorio, aquí también, tiene escaso poder de negociación. Si a este dato se le suman los importes erogados por honorarios profesionales, la incidencia de los gastos relacionados con recursos humanos llega al 68.10% del total. Los incrementos de aranceles otorgados por los financiadores hacia los efectores privados no alcanzan a igualar el índice de aumento de precios del sector. Además, los financiadores no 6 cubren, con el valor del Día Pensión, el precio de referencia para el sector privado de salud (precio de venta) establecido por las cámaras representantes de la actividad. Asimismo, del total de las ventas en el período bajo análisis, el 90% es vendido a No Gravados en IVA y, del total de las compras, sólo el 66% son No Gravadas. Esto genera saldos de IVA a favor del efector que no pueden ser compensados con otra carga fiscal (débitos fiscales menores a los créditos fiscales). El ciclo del negocio, desde que se presta los servicios hasta que se cobra, está entonces desfasado en perjuicio del prestador de servicios esenciales de salud. Además, los principales ingresos se cobran, en promedio, a 66.67 días de presentada la facturación del principal gasto, como los sueldos y las cargas sociales, que se pagan de contado. Se verifica así la importancia que tienen los débitos realizados por los financiadores a los efectores sobre sus facturaciones. En líneas generales, el estudio permitió verificar la desregulación y heterogeneidad en los valores ofrecidos por los financiadores a la efectora, así como también la falta de un nomenclador de prácticas valorizadas de referencia, lo que compromete la sustentabilidad de ésta, impactando en los usuarios de servicios de salud que se encuentran con cobertura del subsector de obras sociales, ya que el estado no tiene en la región analizada forma de absorber la prestación por carencia de infraestructura y servicios. Esta desregulación en los aranceles se complementa con una concentración oligopólica en los financiadores, mientras que desde el lado de los efectores existe una gran dispersión. En el presente estudio se identificó y corroboró el efecto “tenaza” al que es sometido el prestador privado de salud, en donde en una de las hojas de la tenaza se encuentra su principal centro de costo -sueldos- jornales, cargas sociales y honorarios que se actualizan 7 escalonadamente por ley-, y la otra hoja de la “tenaza” son sus ingresos, del cual el efector no es formador ni tiene poder de negociación, por lo que esta “tenaza” presiona al efector que se encuentra en el medio. Además, los resultados pudieron corroborar que el sanatorio tiene graves problemas para desarrollarse. Así quedó evidenciado en el análisis de sus estados de resultados y patrimoniales. Estos muestran que las condiciones y marcos de contención establecidos (legales, impositivos, laborales, económicos y políticos) para el ejercicio de la actividad no toman en cuenta las particularidades en la prestación de estos servicios, por lo que no se los diferencia, en su tratamiento, de cualquier otra empresa que brinda servicios no esenciales. Esto expone a los efectores privados a graves problemas que ponen en riesgo su supervivencia. También se verificó que el Estado no ejerce el control ni interviene frente a prestadores monopólicos. Asimismo, no establece incentivos impositivos para la actividad. Sin embargo, abunda la normativa vinculada al control, regulación, y punitivas de tipo tributario que afectan la sustentabilidad. Al mismo tiempo, se corroboró la falta de intervención del estado como figura de articulación, coordinación y órgano rector de la actividad del sector salud, librando la actividad del sector privado exclusivamente a las reglas del mercado. De esta manera, la salud no está garantizada como derecho humano esencial y el Estado deja librado al mercado la prestación (o no) de un servicio esencial restringiendo el servicio a la población que tenga (o no) capacidad de pago. Esta situación no sólo genera problemas en la sustentabilidad de los efectores del sector privado sino grandes inequidades en salud.Fil: Fil: Correa, Ignacio Mariano. Centro de Estudios Interdisciplinarios. 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Dentro de los principales hallazgos se pueden señalar que los ingresos sanatoriales se concentran en dos financiadores estatales (PAMI en un 53.49% y IAPOS en un 16.39%), sobre los cuales el sanatorio tiene limitado poder de negociación. Los egresos se concentran en un 45.52% en sueldos, jornales y cargas sociales. Estos aumentan por ley (principalmente por negociación salariales) todos los años y el sanatorio, aquí también, tiene escaso poder de negociación. Si a este dato se le suman los importes erogados por honorarios profesionales, la incidencia de los gastos relacionados con recursos humanos llega al 68.10% del total. Los incrementos de aranceles otorgados por los financiadores hacia los efectores privados no alcanzan a igualar el índice de aumento de precios del sector. Además, los financiadores no 6 cubren, con el valor del Día Pensión, el precio de referencia para el sector privado de salud (precio de venta) establecido por las cámaras representantes de la actividad. Asimismo, del total de las ventas en el período bajo análisis, el 90% es vendido a No Gravados en IVA y, del total de las compras, sólo el 66% son No Gravadas. Esto genera saldos de IVA a favor del efector que no pueden ser compensados con otra carga fiscal (débitos fiscales menores a los créditos fiscales). El ciclo del negocio, desde que se presta los servicios hasta que se cobra, está entonces desfasado en perjuicio del prestador de servicios esenciales de salud. Además, los principales ingresos se cobran, en promedio, a 66.67 días de presentada la facturación del principal gasto, como los sueldos y las cargas sociales, que se pagan de contado. Se verifica así la importancia que tienen los débitos realizados por los financiadores a los efectores sobre sus facturaciones. En líneas generales, el estudio permitió verificar la desregulación y heterogeneidad en los valores ofrecidos por los financiadores a la efectora, así como también la falta de un nomenclador de prácticas valorizadas de referencia, lo que compromete la sustentabilidad de ésta, impactando en los usuarios de servicios de salud que se encuentran con cobertura del subsector de obras sociales, ya que el estado no tiene en la región analizada forma de absorber la prestación por carencia de infraestructura y servicios. Esta desregulación en los aranceles se complementa con una concentración oligopólica en los financiadores, mientras que desde el lado de los efectores existe una gran dispersión. En el presente estudio se identificó y corroboró el efecto “tenaza” al que es sometido el prestador privado de salud, en donde en una de las hojas de la tenaza se encuentra su principal centro de costo -sueldos- jornales, cargas sociales y honorarios que se actualizan 7 escalonadamente por ley-, y la otra hoja de la “tenaza” son sus ingresos, del cual el efector no es formador ni tiene poder de negociación, por lo que esta “tenaza” presiona al efector que se encuentra en el medio. Además, los resultados pudieron corroborar que el sanatorio tiene graves problemas para desarrollarse. Así quedó evidenciado en el análisis de sus estados de resultados y patrimoniales. Estos muestran que las condiciones y marcos de contención establecidos (legales, impositivos, laborales, económicos y políticos) para el ejercicio de la actividad no toman en cuenta las particularidades en la prestación de estos servicios, por lo que no se los diferencia, en su tratamiento, de cualquier otra empresa que brinda servicios no esenciales. Esto expone a los efectores privados a graves problemas que ponen en riesgo su supervivencia. También se verificó que el Estado no ejerce el control ni interviene frente a prestadores monopólicos. Asimismo, no establece incentivos impositivos para la actividad. Sin embargo, abunda la normativa vinculada al control, regulación, y punitivas de tipo tributario que afectan la sustentabilidad. Al mismo tiempo, se corroboró la falta de intervención del estado como figura de articulación, coordinación y órgano rector de la actividad del sector salud, librando la actividad del sector privado exclusivamente a las reglas del mercado. De esta manera, la salud no está garantizada como derecho humano esencial y el Estado deja librado al mercado la prestación (o no) de un servicio esencial restringiendo el servicio a la población que tenga (o no) capacidad de pago. Esta situación no sólo genera problemas en la sustentabilidad de los efectores del sector privado sino grandes inequidades en salud.
Fil: Fil: Correa, Ignacio Mariano. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario; Argentina
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Dentro de los principales hallazgos se pueden señalar que los ingresos sanatoriales se concentran en dos financiadores estatales (PAMI en un 53.49% y IAPOS en un 16.39%), sobre los cuales el sanatorio tiene limitado poder de negociación. Los egresos se concentran en un 45.52% en sueldos, jornales y cargas sociales. Estos aumentan por ley (principalmente por negociación salariales) todos los años y el sanatorio, aquí también, tiene escaso poder de negociación. Si a este dato se le suman los importes erogados por honorarios profesionales, la incidencia de los gastos relacionados con recursos humanos llega al 68.10% del total. Los incrementos de aranceles otorgados por los financiadores hacia los efectores privados no alcanzan a igualar el índice de aumento de precios del sector. Además, los financiadores no 6 cubren, con el valor del Día Pensión, el precio de referencia para el sector privado de salud (precio de venta) establecido por las cámaras representantes de la actividad. Asimismo, del total de las ventas en el período bajo análisis, el 90% es vendido a No Gravados en IVA y, del total de las compras, sólo el 66% son No Gravadas. Esto genera saldos de IVA a favor del efector que no pueden ser compensados con otra carga fiscal (débitos fiscales menores a los créditos fiscales). El ciclo del negocio, desde que se presta los servicios hasta que se cobra, está entonces desfasado en perjuicio del prestador de servicios esenciales de salud. Además, los principales ingresos se cobran, en promedio, a 66.67 días de presentada la facturación del principal gasto, como los sueldos y las cargas sociales, que se pagan de contado. Se verifica así la importancia que tienen los débitos realizados por los financiadores a los efectores sobre sus facturaciones. En líneas generales, el estudio permitió verificar la desregulación y heterogeneidad en los valores ofrecidos por los financiadores a la efectora, así como también la falta de un nomenclador de prácticas valorizadas de referencia, lo que compromete la sustentabilidad de ésta, impactando en los usuarios de servicios de salud que se encuentran con cobertura del subsector de obras sociales, ya que el estado no tiene en la región analizada forma de absorber la prestación por carencia de infraestructura y servicios. Esta desregulación en los aranceles se complementa con una concentración oligopólica en los financiadores, mientras que desde el lado de los efectores existe una gran dispersión. En el presente estudio se identificó y corroboró el efecto “tenaza” al que es sometido el prestador privado de salud, en donde en una de las hojas de la tenaza se encuentra su principal centro de costo -sueldos- jornales, cargas sociales y honorarios que se actualizan 7 escalonadamente por ley-, y la otra hoja de la “tenaza” son sus ingresos, del cual el efector no es formador ni tiene poder de negociación, por lo que esta “tenaza” presiona al efector que se encuentra en el medio. Además, los resultados pudieron corroborar que el sanatorio tiene graves problemas para desarrollarse. Así quedó evidenciado en el análisis de sus estados de resultados y patrimoniales. Estos muestran que las condiciones y marcos de contención establecidos (legales, impositivos, laborales, económicos y políticos) para el ejercicio de la actividad no toman en cuenta las particularidades en la prestación de estos servicios, por lo que no se los diferencia, en su tratamiento, de cualquier otra empresa que brinda servicios no esenciales. Esto expone a los efectores privados a graves problemas que ponen en riesgo su supervivencia. También se verificó que el Estado no ejerce el control ni interviene frente a prestadores monopólicos. Asimismo, no establece incentivos impositivos para la actividad. Sin embargo, abunda la normativa vinculada al control, regulación, y punitivas de tipo tributario que afectan la sustentabilidad. Al mismo tiempo, se corroboró la falta de intervención del estado como figura de articulación, coordinación y órgano rector de la actividad del sector salud, librando la actividad del sector privado exclusivamente a las reglas del mercado. De esta manera, la salud no está garantizada como derecho humano esencial y el Estado deja librado al mercado la prestación (o no) de un servicio esencial restringiendo el servicio a la población que tenga (o no) capacidad de pago. Esta situación no sólo genera problemas en la sustentabilidad de los efectores del sector privado sino grandes inequidades en salud.
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