La renta básica universalizadora como instrumento del gasto público social del Estado para mejorar las políticas redistributivas

• Autores: Vuckovic, Evelyn; Villegas, Mario Roberto; Ramírez Braschi, Dardo Rodolfo
• Año de publicación: 2014
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: documento de conferencia
• Materia: Presupuesto; Ingreso ciudadano; Igualdad
• Institución: Universidad Nacional del Nordeste

Fil: Vuckovic, Evelyn. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Fil: Villegas, Mario Roberto. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Fil: Ramírez Braschi, Dardo Rodolfo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Desde la salida de la posconvertibilidad, los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Gasto Público Social han ido en ascenso, alcanzando el 60% ($165.594 millones) del mismo en 2010. A su vez, la prioridad del Gasto Público Social está asignada al Sector de Seguridad Social, representado por el 67,6% del mismo. Sin embargo, en el mismo año, la pobreza ha alcanzado valores cercanos al 30% de la población, generando un aumento de las demandas de servicios sociales previstos por el Estado, limitando las capacidades de reacción durante los períodos de crisis. La distribución geográfica de los principales programas asistenciales focalizados, nos permiten identificar que dicha asignación no responde a criterios objetivos de acuerdo con indicadores sociales tales como el tamaño de la población desigual distribución del ingreso en la Argentina no es suficiente que los grupos de menores ingresos perciban una mayor proporción del gasto público social. Es necesario que el mismo sea manejado en forma eficiente y productiva, que financie una provisión de bienes y servicios que responda eficazmente a las necesidades reales de la población. Es por ello que con la renta básica universal se evitarían situaciones sociales, familiares y personales negativas generadas por la ausencia de medios económicos suficientes para llevar una vida digna en sociedad. En cuanto a la metodología, se tomaron en cuenta cuatro dimensiones principales: a) el tamaño de los grupos de población definidos en la cobertura; b) el nivel de los beneficios monetarios unitarios que se pretende garantizar; c) la selección de la unidad fiscal; d) la cuantía del ahorro potencial proveniente de programas sociales en vigencia. Asimismo, se tuvieron en cuenta los valores fijados actualmente para algunos beneficios que complementan ingresos y que son susceptibles de ser reemplazados, reformulados o integrados en una red de seguridad en los ingresos, utilizando como criterio de análisis el nivel de cobertura y el nivel de los beneficios pagados. Por otro lado, se tuvo presente la variable etaria fijada en menores (menos de 18 años), adultos y mayores (65 años y más). Estas mediciones, permitieron apreciar si la cobertura cubre o no el costo total de las necesidades básicas de los individuos y el impacto de la medida en los hogares con mayor peso de personas económicamente dependientes. Con estos datos, avanzamos en la estimación del costo fiscal neto de la propuesta que representa la carga adicional que debería afrontarse en las distintas alternativas, el mismo surge de la diferencia entre el costo fiscal bruto de cada uno de los diferentes casos de simulación estudiados y los ahorros provenientes de los programas susceptibles de eliminarse o reducirse. Los estudios comparativos comprueban que cuanto mayor es la prioridad macroeconómica del gasto social, menores son los niveles de pobreza. La medición del impacto de la cobertura se pudo estimar midiendo la posición fiscal neta de los ciudadanos, distinguiendo sus ingresos y su condición de contribuyente. De esta manera, pensar en el ingreso como un crédito fiscal reembolsable permite recuperarlo mediante el impuesto a las ganancias a través del esquema de deducciones previstas y de la unificación de los mínimos no imponibles. En conclusión, la renta básica nos ofrece los siguientes beneficios: A) Los subsidios no universales tienen altísimos costes administrativos, recibiéndola igual un rico que un pobre. B) La RB se garantiza ex-ante, los subsidios condicionados, en caso de poder tener acceso a ellos, ex-puesto. C) La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza. D) La incondicionalidad de la RB trae consigo misma la ventaja de erradicar o mitigar las prácticas asistenciales fundamentadas en el clientelismo. E) Una RB no provocaría en absoluto una retirada masiva del mercado de trabajo, ya que el estímulo a aceptar un trabajo por parte de aquellos trabajadores que hoy cobran prestaciones sociales sería mucho más grande con una RB. E) La RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado. F) El efecto de la renta básica sería netamente redistributivo, fomentaría un reparto más igualitario de los recursos, financiación de la misma a través de la sustitución de algunas prestaciones y la reforma en profundidad del sistema impositivo actual.