Análisis de la eficacia normativa en las prácticas legislativas en materia de gestión de residuos domiciliarios en el Municipio de la Ciudad de Corrientes
- Autores
- Villalva, Adriana Evangelina
- Año de publicación
- 2023
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Fil: Villalva, Adriana Evangelina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Fil: De Bianchetti, Alba Esther. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
Esta investigacion tuvo como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los parámetros de eficacia normativa de las practicas legislativas en materia de gestión de residuos en el Municipio de la Ciudad de Corrientes. Desde la reforma constitucional de 1994 en la Argentina la cuestión jurisdiccional en materia ambiental ha adquirido una matriz compleja. Por un lado, las provincias se reservan el dominio y la competencia para legislar en materia ambiental (Art. 124 de la Constitución Nacional). Sin embargo y haciendo uso de la facultad de delegar facultades a la Nación (art. 121) se dispuso que le “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental”, en tanto que les reserva a las provincias dictar normas que sean “necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales” (art. 41 C.N.). Conforme a esto el Gobierno Nacional ha dictado 12 leyes presupuestos mínimos en materia ambiental. La más importante de ellas es la Ley General del Ambiental 25675, ya que fija los presupuestos mínimos de la gestión sustentable del ambiente, establece los objetivos y herramientas de la política ambiental y determina los principios que deberán guiar al interpretación y aplicación de esa ley o de cualquier otra a través de la cual se ejecute la política ambiental. Estas leyes de presupuestos mínimos establecen los objetivos, principios e instrumentos de la política ambiental nacional, delegando el poder de policía a las provincias o municipios dependiendo de las constituciones provinciales (Sabsay & Di Paola, 2002). Se ha observado que en Argentina el estado federal no establece mecanismos para dar eficacia a la protección mínima establecida en las leyes de presupuestos mínimos (Bidart Campos, 2001). En tanto que las cuestiones de la eficacia, fortalecimiento y seguimiento de la legislación ambiental recae sobre la legislación local (Cafferatta, 2007). Esta investigación parte de un diseño descriptivo de tipo cualitativo. Para el cumplimiento de los objetivos se realizó un análisis de casos de las practicas legislativas en el Municipio de la Ciudad de Corrientes, tomándose las normativas en materia de Gestión de Residuos Domiciliarios que se dictaron desde el año 2012 al 2022. A fin de determinar la eficacia normativa se utilizó la “Integrated Checklist on Regulatory Reform” (ICRR) por la OECD (2007). Para esta investigación se seleccionaron y adaptaron solo aquellos indicadores que son analizables a través del texto normativo; quedando los siguientes: 1) ¿Establece un proceso de control de la calidad de la norma?; 2) ¿Se establece algún órgano de control?; 3) ¿Establece mecanismos de consulta pública?; 4) ¿Es fácil de encontrar?; 5) ¿Establece un lenguaje sencillo en la redacción; y publicación?; 6) ¿Establece incentivos para el cumplimiento?; 7) ¿Alternativas de resolución políticas no regulatorias?. De la recolección de normativas en materia de gestión de residuos que se ha realizado, se ha encontrado una mayor cantidad de normativa a nivel Municipal y esto se debe a que la gestión de residuos es potestad de la jurisdicción municipal. Marchegiani y Abascal (2014) afirman que la gestión de residuos sólidos urbanos es el problema ambiental que más evidencia los déficits entre la aplicación de las políticas públicas de manera coordinada con las instituciones y organismos públicos, así como con los distintos niveles de gobierno. La OECD establece que la gobernanza normativa o regulatoria va asociada a apertura, coherencia, eficacia y responsabilidad, lo cual permitiría lograr un buen gobierno. Y sostiene que los procesos que se generan con mayor participación de actores serian la respuesta para la legitimidad y democracia de la instituciones locales y globales (Alfie Cohen, 2013). Lo cual no se observa en la mayoría de las normativas municipales, ya que no se establecen mecanismos de consulta. La transparencia del sistema regulatorio es esencial para establecer un entorno regulatorio estable y accesible. La transparencia en la elaboración de normas también refuerza la legitimidad y la equidad de los procesos regulatorios (OECD, 2007). Existe una gran dificultad para hallar las normativas ambientales del municipio de la Ciudad de Corrientes, tampoco hay una sistematización clara de las mismas. Si bien se muestran los resultados del análisis de las normativas municipales, se realizó el análisis también de las normas nacionales y provinciales, las cuales cumplen mayormente con estos indicadores, pero los mismos no se reflejan en la jurisdicción municipal la cual detenta la potestad de la Gestión de Residuos. Y en este sentido se reafirma lo expresado en el informe ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, que expresa que la gestión de residuos presenta tres grandes problemas “desarticulación normativa, carencia de coordinación interjurisdiccional y falta de conocimientos específicos por ende falta de personal capacitado” (Ministerio de Ambiente de la Nación, 2020). Y además agregamos la falta de transparencia normativa y la necesidad de establecer mecanismos de control de la calidad normativa que permitan evaluar su utilidad. - Materia
-
Normativa ambiental
Cumplimiento
Competencia - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional del Nordeste
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Sin embargo y haciendo uso de la facultad de delegar facultades a la Nación (art. 121) se dispuso que le “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental”, en tanto que les reserva a las provincias dictar normas que sean “necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales” (art. 41 C.N.). Conforme a esto el Gobierno Nacional ha dictado 12 leyes presupuestos mínimos en materia ambiental. La más importante de ellas es la Ley General del Ambiental 25675, ya que fija los presupuestos mínimos de la gestión sustentable del ambiente, establece los objetivos y herramientas de la política ambiental y determina los principios que deberán guiar al interpretación y aplicación de esa ley o de cualquier otra a través de la cual se ejecute la política ambiental. Estas leyes de presupuestos mínimos establecen los objetivos, principios e instrumentos de la política ambiental nacional, delegando el poder de policía a las provincias o municipios dependiendo de las constituciones provinciales (Sabsay & Di Paola, 2002). Se ha observado que en Argentina el estado federal no establece mecanismos para dar eficacia a la protección mínima establecida en las leyes de presupuestos mínimos (Bidart Campos, 2001). En tanto que las cuestiones de la eficacia, fortalecimiento y seguimiento de la legislación ambiental recae sobre la legislación local (Cafferatta, 2007). Esta investigación parte de un diseño descriptivo de tipo cualitativo. Para el cumplimiento de los objetivos se realizó un análisis de casos de las practicas legislativas en el Municipio de la Ciudad de Corrientes, tomándose las normativas en materia de Gestión de Residuos Domiciliarios que se dictaron desde el año 2012 al 2022. A fin de determinar la eficacia normativa se utilizó la “Integrated Checklist on Regulatory Reform” (ICRR) por la OECD (2007). Para esta investigación se seleccionaron y adaptaron solo aquellos indicadores que son analizables a través del texto normativo; quedando los siguientes: 1) ¿Establece un proceso de control de la calidad de la norma?; 2) ¿Se establece algún órgano de control?; 3) ¿Establece mecanismos de consulta pública?; 4) ¿Es fácil de encontrar?; 5) ¿Establece un lenguaje sencillo en la redacción; y publicación?; 6) ¿Establece incentivos para el cumplimiento?; 7) ¿Alternativas de resolución políticas no regulatorias?. De la recolección de normativas en materia de gestión de residuos que se ha realizado, se ha encontrado una mayor cantidad de normativa a nivel Municipal y esto se debe a que la gestión de residuos es potestad de la jurisdicción municipal. Marchegiani y Abascal (2014) afirman que la gestión de residuos sólidos urbanos es el problema ambiental que más evidencia los déficits entre la aplicación de las políticas públicas de manera coordinada con las instituciones y organismos públicos, así como con los distintos niveles de gobierno. La OECD establece que la gobernanza normativa o regulatoria va asociada a apertura, coherencia, eficacia y responsabilidad, lo cual permitiría lograr un buen gobierno. Y sostiene que los procesos que se generan con mayor participación de actores serian la respuesta para la legitimidad y democracia de la instituciones locales y globales (Alfie Cohen, 2013). Lo cual no se observa en la mayoría de las normativas municipales, ya que no se establecen mecanismos de consulta. La transparencia del sistema regulatorio es esencial para establecer un entorno regulatorio estable y accesible. La transparencia en la elaboración de normas también refuerza la legitimidad y la equidad de los procesos regulatorios (OECD, 2007). Existe una gran dificultad para hallar las normativas ambientales del municipio de la Ciudad de Corrientes, tampoco hay una sistematización clara de las mismas. Si bien se muestran los resultados del análisis de las normativas municipales, se realizó el análisis también de las normas nacionales y provinciales, las cuales cumplen mayormente con estos indicadores, pero los mismos no se reflejan en la jurisdicción municipal la cual detenta la potestad de la Gestión de Residuos. Y en este sentido se reafirma lo expresado en el informe ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, que expresa que la gestión de residuos presenta tres grandes problemas “desarticulación normativa, carencia de coordinación interjurisdiccional y falta de conocimientos específicos por ende falta de personal capacitado” (Ministerio de Ambiente de la Nación, 2020). 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Sin embargo y haciendo uso de la facultad de delegar facultades a la Nación (art. 121) se dispuso que le “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental”, en tanto que les reserva a las provincias dictar normas que sean “necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales” (art. 41 C.N.). Conforme a esto el Gobierno Nacional ha dictado 12 leyes presupuestos mínimos en materia ambiental. La más importante de ellas es la Ley General del Ambiental 25675, ya que fija los presupuestos mínimos de la gestión sustentable del ambiente, establece los objetivos y herramientas de la política ambiental y determina los principios que deberán guiar al interpretación y aplicación de esa ley o de cualquier otra a través de la cual se ejecute la política ambiental. 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A fin de determinar la eficacia normativa se utilizó la “Integrated Checklist on Regulatory Reform” (ICRR) por la OECD (2007). Para esta investigación se seleccionaron y adaptaron solo aquellos indicadores que son analizables a través del texto normativo; quedando los siguientes: 1) ¿Establece un proceso de control de la calidad de la norma?; 2) ¿Se establece algún órgano de control?; 3) ¿Establece mecanismos de consulta pública?; 4) ¿Es fácil de encontrar?; 5) ¿Establece un lenguaje sencillo en la redacción; y publicación?; 6) ¿Establece incentivos para el cumplimiento?; 7) ¿Alternativas de resolución políticas no regulatorias?. De la recolección de normativas en materia de gestión de residuos que se ha realizado, se ha encontrado una mayor cantidad de normativa a nivel Municipal y esto se debe a que la gestión de residuos es potestad de la jurisdicción municipal. Marchegiani y Abascal (2014) afirman que la gestión de residuos sólidos urbanos es el problema ambiental que más evidencia los déficits entre la aplicación de las políticas públicas de manera coordinada con las instituciones y organismos públicos, así como con los distintos niveles de gobierno. La OECD establece que la gobernanza normativa o regulatoria va asociada a apertura, coherencia, eficacia y responsabilidad, lo cual permitiría lograr un buen gobierno. Y sostiene que los procesos que se generan con mayor participación de actores serian la respuesta para la legitimidad y democracia de la instituciones locales y globales (Alfie Cohen, 2013). Lo cual no se observa en la mayoría de las normativas municipales, ya que no se establecen mecanismos de consulta. La transparencia del sistema regulatorio es esencial para establecer un entorno regulatorio estable y accesible. La transparencia en la elaboración de normas también refuerza la legitimidad y la equidad de los procesos regulatorios (OECD, 2007). Existe una gran dificultad para hallar las normativas ambientales del municipio de la Ciudad de Corrientes, tampoco hay una sistematización clara de las mismas. Si bien se muestran los resultados del análisis de las normativas municipales, se realizó el análisis también de las normas nacionales y provinciales, las cuales cumplen mayormente con estos indicadores, pero los mismos no se reflejan en la jurisdicción municipal la cual detenta la potestad de la Gestión de Residuos. Y en este sentido se reafirma lo expresado en el informe ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, que expresa que la gestión de residuos presenta tres grandes problemas “desarticulación normativa, carencia de coordinación interjurisdiccional y falta de conocimientos específicos por ende falta de personal capacitado” (Ministerio de Ambiente de la Nación, 2020). 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