Mapa judicial, legislación y doctrina jurídica en los fallos sobre causas penales de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires

• Autores: Corva, María Angélica
• Año de publicación: 2022
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: parte de libro
• Fuente: Subtil, J., Azeredo, C; Mota, M. Criminalidades, Direito e Justiça no Mundo Ibérico. Buenos Aires : Teseo, 2022
• Materia: PODER JUDICIAL; LEGISLACION PROVINCIAL; HISTORIA DEL DERECHO; ADMINISTRACION DE JUSTICIA; CRIMINALIDAD
• Institución: Pontificia Universidad Católica Argentina

Fil: Corva, María Angélica. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina
Fil: Corva, María Angélica. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho; Argentina
Fil: Corva, María Angélica. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina
Resumen: El texto constitucional promulgado en 1873 para la provincia de Buenos Aires, terminó de definir su estructura judicial, colocando en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia. El territorio provincial se dividía en cuatro departamentos judiciales, cada uno con una ciudad cabecera, provistos de las Cámaras de Apelación, encargadas de la segunda instancia, los juzgados de primera instancia civiles y criminales y en el territorio los juzgados de paz. Jurada la Constitución de la provincia, el desafío era organizar y poner en funcionamiento el poder judicial, lo que se hizo entre agosto de 1874 y enero de 1875. Sin embargo, la legislación reglamentaria tardó muchos años en sancionarse, llegando en algunos casos a no realizarse nunca, como el juicio por jurados, o a vetarse, como la elección popular de los jueces de paz. En la agenda de gobierno la administración de justicia estaba siempre presente, pero no era una cuestión prioritaria, como puede observarse en los mensajes de los gobernadores ante la Asamblea Legislativa. Solían llamar la atención sobre las deficiencias del sistema judicial -especialmente en materia criminal-, pero debían atenderse cuestiones más apremiantes, como enfrentamientos políticos, la crisis económica o el control de la campaña a través de la organización municipal y policial. Por ello se limitaban a reclamar a los legisladores la pronta sanción de leyes de procedimiento y funcionamiento judicial, con el fin de agilizarlos.