La responsabilidad de las personas adultas en el Sistema Penal Juvenil

• Autores: Davite, Marcela Alejandra
• Año de publicación: 2021
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: tesis de maestría
• Colaborador/a o director/a de tesis: García, Jorge Amílcar Luciano; Beloff, Mary; Erbetta, Daniel; Puyol, María Victoria
• Materia: Sistema Penal Juvenil; Control de convencionalidad; Convención de los derechos del niño; Juvenile Criminal System; Conventionality control; Convention on the Rights of the Child
• Institución: Universidad Nacional del Litoral

Fil: Davite, Marcela Alejandra. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina.
El presente trabajo de Maestría en Derecho Penal aborda la trascendental redefinición del Sistema Penal Juvenil (SPJ) argentino, analizando el rol y la responsabilidad de los adultos que lo operan. La hipótesis central sostiene que Argentina posee un marco normativo de Derechos Humanos (DD.HH.) adecuado gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el corpus iuris internacional, por lo que los déficits del sistema se deben a su aplicación y no a la necesidad de bajar la edad de punibilidad. El análisis parte de la superación del obsoleto Modelo Tutelar/Situación Irregular por el Modelo de Protección Integral/Responsabilidad, y examina la irrupción de la Justicia Restaurativa como paradigma prioritario de intervención. Se revisa el plexo normativo, destacando la coexistencia de la vetusta Ley 22.278 con la normativa internacional y la vanguardista ley procesal juvenil de Entre Ríos (Ley 10.450), aplicando el necesario control de convencionalidad. La investigación enfatiza la doble responsabilidad: la primordial de los adultos (Estado, funcionarios y equipos técnicos) de asegurar la especialización y las garantías, y la específica del adolescente por el acto cometido, limitada por su inmadurez. Se utiliza la categoría dogmática de Responsabilidad de Roxin para fundamentar el juicio bifásico y la posibilidad de absolución por falta de necesidad de pena. Las conclusiones demuestran que las propuestas de reforma punitiva no tienen sustento empírico. El foco debe estar en la prevención del delito juvenil y en la aplicación rigurosa de respuestas no sancionadoras (remisión, mediación, conciliación) y socioeducativas, entendidas como última ratio y orientadas a la reintegración social del joven. La clave es el compromiso de los adultos para sostener un sistema humanitario, garantista y educativo.
This Master's thesis in Criminal Law addresses the crucial redefinition of the Argentine Juvenile Criminal System (JCS), analyzing the role and responsibility of the adults who operate it. The central hypothesis argues that Argentina has an adequate Human Rights (HR) framework due to the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the international corpus iuris, meaning system deficits stem from application, not the need to lower the age of punishability. The analysis begins with the supersession of the obsolete Tutelage/Irregular Situation Model by the Integral Protection/Responsibility Model, and examines the emergence of Restorative Justice as a priority intervention paradigm. The legal framework is reviewed, highlighting the coexistence of the antiquated Law 22.278 with international standards and the progressive Entre Ríos juvenile procedural law (Law 10.450), applying the necessary conventionality control. The research emphasizes a dual responsibility: the primary one belonging to adults (State, officials, and technical teams) to ensure specialization and guarantees, and the adolescent's specific responsibility for the committed act, limited by their immaturity. Roxin's Responsibility dogmatic category is used to justify the bifurcated trial and the possibility of acquittal due to lack of necessity for punishment. The conclusions demonstrate that proposals for punitive reform lack empirical support. The focus must be on juvenile crime prevention and the rigorous application of non-punitive (remission, mediation, conciliation) and socio-educational responses, understood as a last resort (ultima ratio) and aimed at the adolescent’s social reintegration. The key is the commitment of adults to uphold a humanitarian, guaranteeing, and educational system.