Los delitos de quiebra - Salvatierra, Juan Cruz (2014)
Esta publicación tiene por finalidad describir e indagar el sistema sancionatorio en general que implica la declaración de quiebra, en especial el régimen penal que el ordenamiento jurídico prevé para sancionar las conductas que han llevado a dicho estado, que se cometen en el marco de un proceso falencial o en otros procesos de naturaleza concursal. Sobre el mismo, resulta curioso que a lo largo de los años exista una disparidad de criterios en cuanto a qué tipo de sanciones deben aplicarse al quebrado, si es que se considera que debe aplicarse alguna. Así, se indaga sobre la evolución habida en los ordenamientos jurídicos, tendientes al paso de la “quiebra-sanción” a la “quiebra-remedio”. Ello demuestra que nos encontramos ante los dos extremos: el represivo, arcaico y hasta tildado de “salvaje, brutal y primitivo” sistema romano, al actual caracterizado por la liviandad de sus sanciones o directamente la ineficacia de las previstas, que podría sintetizarse como que ha pasado “de la picota a la impunidad”. Esto último, no es una cuestión baladí, ya que ha contribuido a consecuencias no queridas, como lo es la proliferación de las denominadas quiebras de papel, la comisión de conductas que configuran verdaderos abusos del derecho en el marco de procesos concursales, entre otros fraudes en claro perjuicio a terceros. Para ello, en la primera parte de esta obra se abordan los antecedentes históricos de la regulación jurídica de la quiebra y los primeros atisbos de los procesos concursales, los antecedentes legislativos en nuestro país y se esbozan algunas consideraciones sobre la regulación de los mismos en el Derecho comparado. Para tal cometido, se pasa revista por los antecedentes que dieron origen mutatis mutandi a lo que hoy consideramos como procesos concursales, en especial sus aspectos represivos, todo ello en pos de comprender la evolución habida y el porqué de la legislación actual. En la segunda parte, se advierte sobre el régimen dual de sanciones y se profundiza sobre el sistema sancionatorio de la ley concursal actual. En la misma, se ahonda en las remisiones y relaciones entre ley concursal con la ley penal, en el actual régimen de inhabilitación falencial -objetivo, automático y de corta duración- en contraposición con el otrora vigente basado en la calificación de conducta del fallido, en las otras sanciones que la misma prevé y sobre las otras previstas en el universo del plexo normativo vigente en nuestro país. Por último, en la tercera parte se expone la faz penal de la quiebra, caracterizándose los delitos relacionados a la falencia y exponiéndose los sistemas legislativos existentes en relación al modo de regular las sanciones penales. Al efecto, se destaca y machaca que desde el punto de vista jurídico no debe considerarse un delito, ni al fallido un delincuente por el mero hecho de quebrar, sino que lo que se castigan son ciertas conductas que han llevado a dicho estado económico o que se ejecutan durante el mismo en perjuicio de sus acreedores. A su vez, se profundiza sobre la importancia del fundamento y del bien jurídico que se tutela con la tipificación de este tipo de delitos. Al propio tiempo, se efectúa un profundo análisis dogmático y exegético de los tipos penales previstos en el Código Penal vigente en nuestro país, se mencionan algunas cuestiones procesales y otras relacionadas con estos delitos, proyectos de reforma de la legislación penal y se exponen algunos textos legales vigentes en el Derecho comparado en relación a los delitos concursales. En especial, en esta última parte se efectúa un análisis crítico, conjunto y paralelo de la normativa penal con la concursal, destacando las remisiones y conexiones entre las mismas, así como efectuando comparaciones, concordancias, destacando los desfasajes y/o discordancias tanto entre las mismas como con legislaciones comparadas, tomando o exponiendo opiniones doctrinarias autorizadas, antecedentes, pronunciamientos de la actividad pretoriana, estadísticas actuales y los últimos proyectos de reforma. Todo ello a los efectos de advertir cuál o cuáles son las causas que conllevan a la evidente ineficacia o inoperancia de las sanciones previstas para los quebrados en general y en particular las de linaje penal, y así contribuir a repensar el sistema sancionatorio previsto para quienes son declarados en falencia, el cual sin hesitación alguna debe ser modificado.