Sobre las construcciones mediáticas de alteridad y violencia institucional - Vega, Lucía (2019)
Más de 500 víctimas declaradas de violencia institucional en Santa Fe durante 2018. Más de 900 torturas registradas. Muchas más voces que callan. Pocas respuestas. El informe anual del Registro Público Provincial de Violencia Institucional ante el Concejo Asesor del Consejo Municipal de Rosario da cuenta de 280 casos dentro de la circunscripción jurisdiccional de Rosario, 108 en Santa Fe, 84 en Reconquista, 73 en Rafaela, 34 en Venado Tuerto. En la categoría de maltratos físicos figuran 515 casos, de maltrato psicológico 252 y de derechos vulnerados 191. Por su parte, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal registra 958 casos y 579 víctimas. El registro de datos oficiales acerca de la violencia institucional resulta a la vez insuficiente para trazar un cuadro fehaciente de la situación en nuestra ciudad, Rosario, Argentina. El temor a las represalias, entre otros motivos, inclina a las víctimas a no realizar o a retirar las denuncias. En efecto, la abogada de APDH Julia Giordano, sostiene debido a ello se desconocen muchos de los abusos; los casos se han incrementado y el contexto actual es muy preocupante. En este sentido, Giordano señala: "No se trata de hechos aislados sino de una represión ilegal que se ha vuelto sistemática"1 El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, rige desde el 2012 (Ley Nacional 25.932 y Ley Nacional 26.823) y se ha establecido, además, un Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Cabe señalar que si bien la creación de un organismo que contempla un Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e inhumanos cuenta con media sanción de la Cámara Baja, en Senadores su tratamiento ha sido postergado en varias oportunidades. La iniciativa apunta a que diversos entes públicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones tanto provinciales como municipales formen parte de este organismo, junto al Concejo Provincial para la Prevención de la Tortura y al Sistema Provincial de Defensa Penal de Santa Fe.