Políticas públicas en educación. acerca de continuidades y rupturas. - Bogino de Vega, Claudia Marisa (2014)
A partir de la década del 90 del siglo pasado se materializan en América Latina una serie de profundas transformaciones en el plano político, social y económico. Las reformas que comenzaran a definirse desde los `70 se traducen, entre otras cosas, en una redefinición de las funciones del Estado y de las políticas públicas frente a la crisis de los Estados de Bienestar y al surgimiento de posturas que defienden la lógica del mercado, sostenidas especialmente por organismos internacionales de crédito. En el plano de las políticas públicas se modifican los paradigmas que sustentaban la intervención del estado en el plano de los derechos básicos del ciudadano, pasando de condiciones de universalismo a la noción de focalización. En este escenario la educación, que fuera reconocida como derecho a garantizar por el estado según la Constitución Nacional y las leyes que organizaron el sistema educativo argentino, ve también afectada sus lógicas de funcionamiento. La noción de homogeneización, que marcara el ideario educativo nacional a partir de la sanción de la Ley 1420 en 1884 y durante que un siglo definiera el funcionamiento de las instituciones educativas, es puesta en cuestión fines del siglo XX. Frente a los profundos cambios del contexto en que se implementa la política educativa, se inicia la discusión en cuanto a la efectividad de los criterios universalistas en la atención de las necesidades de los ciudadanos, habilitando el espacio para la implementación de nuevas formas de intervención estatal. Es en este contexto de fragmentación social que surgen políticas compensatorias como estrategias de intervención del Estado nacional sobre escuelas desfavorecidas, como el Plan Social Educativo (PSE). Al considerar que los alumnos de los sectores postergados tienen menos posibilidades de acceder y permanecer en la escuela, esta política permitiría a través de la distribución de recursos materiales, como equipamiento y libros de texto, mejorar las condiciones de “educabilidad” de los mismos, esto en función de las recomendaciones del Banco Mundial. En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que amplía la obligatoriedad de la educación secundaria y modifica la estructura del sistema. El nuevo paradigma educativo apunta a la recuperación de lo común y la reconstrucción de lazos sociales abordando las desigualdades a través de la redistribución, “dar más a los que menos tienen”, como lo establece el Documento Base elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación. En ese marco, el Plan Integral de Igualdad Educativa (PIIE) se constituye en una política pública nacional dirigida a las escuelas primarias que atienden a poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de todo el país. La información elaborada por organismos nacionales e internacionales (CIPPEC, IIPE-UNESCO) da cuenta de un sistema educativo segmentado en función del nivel socioeconómico de los alumnos, rompiendo de esta manera el mandato fundacional de la integración social de la escuela pública, que pasa a ser territorio de los sectores sociales empobrecidos mientras la educación privada se convierte en lugar de formación de los sectores de mayores ingresos. La investigación llevada a cabo en la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, pretende responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué instrumentos dispone el Estado para objetivar el derecho a la educación que a la vez es un medio para el ejercicio de la ciudadanía? ¿Cómo interpelar las acciones del Estado que, por un lado establece la obligatoriedad de todos los niveles de enseñanza y, por el otro se muestra incapaz ofrecer una educación de calidad a todos, con independencia de sus condiciones de origen? ¿De qué manera se implementan políticas nacionales a nivel jurisdiccional cuando el centro de gestión de las decisiones centralizadas es la escuela?