“Políticas nacionales para la inclusión en educación y co-responsabilidad Estado-organizaciones de la sociedad civil.” - Oreja Cerruti, María Betania (2014)
En la última década, el discurso oficial sostiene que, desde 2003, se ha impulsado un “modelo de desarrollo económico con inclusión social”. La educación es presentada como una pieza clave para el “desarrollo” del país y como una de las principales “políticas de inclusión”. En ese marco, entre 2003 y la actualidad, desde el Ministerio de Educación nacional se ha puesto en marcha un conjunto de programas cuyos objetivos explícitos plantean el mejoramiento de la calidad, la igualdad y la inclusión en los niveles de enseñanza obligatoria. En algunos de ellos se explicita una crítica a las concepciones político-educacionales que subyacen a las políticas compensatorias, conservando, sin embargo, una estrategia de intervención focalizada. Algunos de esos programas proponen estimular la relación entre la institución escolar y las organizaciones de la sociedad civil promoviendo la conformación de un “entorno educativo ampliado” que permita garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles educativos y que reconozca la existencia de diversas y válidas formas de aprender y enseñar. La apelación, presente en diversos documentos oficiales, a que la escuela procure “reconstruir los lazos sociales” de forma conjunta con diversas organizaciones sociales, guarda estrechos vínculos con la propuesta de la Tercera Vía, formulada por Giddens (1998). Desde ese programa político, se subraya la necesidad de estimular una “sociedad civil activa” que asuma responsabilidades en el desarrollo de políticas sociales y favorezca la cohesión social y la colaboración y solidaridad entre clases sociales. La preocupación de la Tercera Vía por la pérdida de cohesión social y los riesgos que implicaron las políticas de Nueva Derecha para el mantenimiento de la gobernabilidad es asumida también por los organismos internacionales (Banco Mundial, BID) que, desde mediados de los ’90, vienen recomendando la participación de las organizaciones de la sociedad civil como co-responsables de la acción estatal y como forma de evitar el conflicto social y de garantizar el “éxito” de las políticas impulsadas. Recientemente, en el documento “Aprendizaje para todos” (2011), el Banco Mundial planteó la necesidad de centrar “la nueva estrategia en educación” en el aprendizaje –más que en la escolarización- dado que argumenta que el crecimiento, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza dependen más de los conocimientos efectivamente adquiridos –dentro o fuera de la escuela- que de los años de escolaridad. En ese sentido, recomienda impulsar reformas en las que los gobiernos garanticen las posibilidades del acceso a la educación con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, organismos bilaterales y multilaterales, familias, “comunidades” y grupos locales, “grupos de maestros”, fundaciones y empresas privadas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en esta presentación nos proponemos, por un lado, problematizar los usos recientes del concepto de “inclusión” y su sentido político, desde un enfoque teórico que advierte su adscripción a una concepción de sociedad que niega el conflicto social y la existencia de clases sociales contrapuestas y que intenta soslayar las desigualdades. La distribución de la matrícula en escuelas públicas y privadas, la desigualdad en la inversión por alumno según provincia y las diferenciaciones que pueden advertirse entre escuelas públicas (por ejemplo, entre instituciones céntricas y periféricas) son algunos de los elementos que permiten interrogarnos acerca de los límites y las ambigüedades del concepto de inclusión para caracterizar un sistema educativo profundamente segmentado. Por otro lado, se sistematizan las diversas propuestas de intervención que, desde diversos programas impulsados por el Ministerio de Educación nacional, buscan promover la acción conjunta entre la escuela y las organizaciones de la sociedad civil. Nos proponemos caracterizar las concepciones políticas subyacentes y considerar las posibilidades y límites para la implementación de esas líneas de acción, especialmente a través del ejemplo del Programa Integral para la Igualdad Educativa, desarrollado en un conjunto de escuelas del nivel primario de enseñanza. El trabajo forma parte de los avances y conclusiones del proyecto de investigación “Programas nacionales para el mejoramiento de la calidad, la equidad y la inclusión en educación. Políticas y procesos institucionales”, desarrollado en el marco de la Maestría en Política y Gestión de la Educación (UNLu) y dirigido por Susana Vior.