Reclamos de justicia y mediatización de casos. Un análisis desde las audiencias - Focas, Brenda (2024)
La relación entre las cortes y la opinión pública ha sido objeto de distintos tipos de estudios académicos. Sea a partir de análisis netamente teóricos -como los que ofrece la filosofía del derecho o por medio de trabajos de corte empírico -anclados mayormente en tradiciones de la ciencia política-, la permeabilidad de los jueces en sus procesos de toma de decisiones ha congregado la atención de las agendas de investigación en el último tiempo. La literatura sobre la temática se ha abocado a examinar si existe un vínculo entre los climas sociales y las decisiones judiciales, es decir, si hay factores extrajurídicos que los jueces tienen en cuenta al momento de dictar sus sentencias. Partiendo de una preocupación general en torno a cómo interactúan los magistrados con su contexto social, político y económico, se ha desarrollado un particular interés por la influencia que ejercen sobre estos actores tanto la opinión pública como los medios de comunicación. El mayor consenso alcanzado por estos estudios es que hay efectivamente lazos entre el humor social y las sentencias (Casillas et al., 2011; Ravid, 2020; Barnum, 1985; McGuire y Stimson, 2004, citado en Giles et al., 2004). Y si bien los análisis no han logrado establecer una relación de causalidad -limitándose en su lugar a ofrecer evidencias de asociación (Epstein y Martin, 2010)-, sí se han propuesto teorías sobre cómo las corrientes de opinión incidirían en los fallos judiciales. Al mismo tiempo, esto implica que los medios de comunicación pueden también influir sobre las sentencias de los jueces y sobre el funcionamiento de la justicia penal (Mejía, 2015; Neto, 2010). Ciertos autores argumentan que el tratamiento que los medios hacen de los crímenes afecta la severidad de los fallos, de modo tal que cuanto más intensa la cobertura, más largas las sentencias dictadas (Ravid, 2020). También se ha afirmado que la presión que ejercen los medios de comunicación puede llevar a los jueces a tomar decisiones que, si bien pueden adecuarse a las expectativas sociales, no necesariamente resguardan la solidez jurídica