Proyecto de mejora en la aplicación del código de convivencia ciudadana por el sistema de justicia contravencional de Capilla del Monte - Beltrán Moyano, Nicolás Eloy (2021)
La Ley Provincial N°10.326 del año 2016, instaura el “nuevo” Código de Convivencia Ciudadana en la Provincia de Córdoba (en adelante CCC). En ese marco, en Capilla del Monte el juzgado de paz asume el rol de autoridad de aplicación del sistema de justicia contravencional responsable de la implementación de dicho cuerpo normativo en la localidad. De esta manera, se hace cargo del juzgamiento de infracciones, de la ejecución de sanciones y de la dirección de la instrucción de procedimientos contravencionales, actuando al efecto, en coordinación con la policía y el municipio. Sin embargo, en la actualidad, se detectan diversos factores que dificultan al sistema de justicia contravencional la aplicación del CCC. Al respecto, entre ellos, pueden mencionarse la falta de conocimientos normativos por parte del personal policial encargado de la ejecución de procedimientos; las descoordinadas relaciones interadministrativas entre el juzgado, la policía y el municipio, y la falta de información y de formación de la ciudadanía para requerir el ejercicio de sus derechos a través del CCC. Así, el proyecto tiene como propósito la mejora en la aplicación del CCC por parte del sistema de justicia contravencional para facilitar, de este modo, el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en la localidad. Los componentes pretenden fortalecer las capacidades del personal policial, coordinar las relaciones interadministrativas y formar e informar a la ciudadanía respecto a la nueva legislación. Para la implementación del proyecto se estima un presupuesto de pesos setenta mil ($ 70.000) que aportaría el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, si ello se frustrara, se ha acordado subsidiariamente el financiamiento por parte del municipio de Capilla del Monte. Por otra parte, se ha previsto que la ejecución total del proyecto se cumpla en un plazo de 18 meses. El mismo se llevará a cabo, principalmente, por el personal del juzgado de paz, en articulación con autoridades de la policía y el municipio. Además, se prevé la tercerización de algunos servicios secundarios. Desde esta perspectiva, se entiende que la viabilidad del proyecto se asienta en la baja demanda de financiamiento y de recursos humanos requeridos para su implementación y, asimismo, en el compromiso institucional ya expresado por el intendente municipal y el comisario de policía, respecto a la decisión de participar y de contribuir a la realización efectiva de esta propuesta.