El problema del hábitat y la vivienda en el contexto de la pandemia: un análisis de las políticas públicas desde los territorios de la Región Metropolitana de Buenos Aires - Cosacov Martinez, Natalia (2023)
Con la llegada de la pandemia, se volvió más nítida que nunca la estrecha relación que existe entre las condiciones habitacionales y la salud de la población. Aun cuando en el mundo se estima que alrededor de 1.800 millones de personas, más del 20 por ciento de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada (ONU–Habitat, 2020), el confinamiento de los hogares en sus viviendas, fue la principal estrategia seguida por los distintos gobiernos del mundo (Rogers y Power, 2020). Convertida en «la defensa de primera línea contra el coronavirus», la vivienda se planteó como «condición de vida o muerte» (Farha, 2020:1). De allí que algunos autores afirmen que la pandemia de COVID19 significó una emergencia sanitaria pero también habitacional. La vivienda es un «bien compuesto» (Clark y Dieleman 1996) que implica una diversidad de aspectos a considerar: las formas de tenencia, algunas más seguras y otras más precarias; el tamaño, que obliga a muchas familias a vivir hacinadas, mientras que otras disponen de más espacio; la calidad de sus materiales y el acceso a servicios, lo que incluye no sólo servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas y las cloacas, sino también el acceso a internet; y la localización relativa en el contexto de la ciudad, que condiciona la movilidad cotidiana, aquella que se hace para llegar a equipamientos y servicios necesarios para la reproducción de la vida. Cada uno de estos aspectos se puso en juego en la crisis sanitaria y condicionó los desiguales modos de transitar la pandemia y las probabilidades de contagiarse y contraer la enfermedad. En Argentina, existe un déficit habitacional de aproximadamente 6,4 millones de hogares, de los cuales 1,5 millones necesitan una vivienda nueva (Di Virgilio, 2021). Al año 2020, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) existían en el país 4.416 barrios de origen informal. En el 68% de ellos, no hay acceso formal a la energía eléctrica, en el 89% no existen conexiones a la red de agua potable de manera formal y el 98% no accede al sistema cloacal. Asimismo, el 42,4% de los barrios se encuentran a más de 5 kilómetros de un hospital (Techo, 2020). Con la pandemia, la cantidad de barrios populares y familias que en ellos viven se incrementó, debido al parate económico y la dificultad para cubrir los costos propios de vivir en la ciudad formal, entre ellos, el alquiler de la vivienda (véase Techo, 2022). En ese marco, la pregunta por el rol del Estado y las políticas públicas desplegadas para dar respuesta, o al menos contener, distintos aspectos de la problemática habitacional en el contexto pandémico resulta crítica. Como mostramos anteriormente, los gobiernos en los diferentes niveles jurisdiccionales debieron intervenir sobre una desigualdad socio–espacial persistente y de larga data que –sedimento de políticas anteriores, por acción u omisión– condicionó la eficacia de las políticas implementadas en el contexto de la crisis (Arqueros y Tobías, 2020). Este capítulo describe los dispositivos diseñados y/o implementados desde los organismos estatales nacionales y subnacionales, para dar respuesta a problemáticas vinculadas al hábitat y la vivienda en el contexto pandémico. Asimismo, interroga el modo en el que se desenvolvieron las relaciones entre las jurisdicciones en dicho contexto y propone una reflexión en clave comparativa de los procesos que tuvieron lugar en la puesta en marcha e implementación de políticas promovidas y ejecutadas por distintos niveles de gobierno en tres aglomerados urbanos de diferentes escalas y pertenecientes a distintas regiones del país: Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), Gran Córdoba y San Carlos de Bariloche. A fin de lograr sus objetivos, el trabajo se apoya en el análisis de normativa y de material de prensa y se nutre de la realización de entrevistas a referentes de organizaciones sociales y a funcionarios y agentes públicos de los diferentes niveles gubernamentales. El capítulo se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado se analizan las políticas públicas desplegadas por el Estado nacional como respuesta a la pandemia en materia de hábitat y vivienda (retomando la descripción preliminar realizada en el Capítulo 2 de este Tomo). En el segundo apartado, se indaga cómo los estados subnacionales se acoplaron o no, y en qué condiciones, a las políticas emanadas desde el Estado nacional. Se analiza el trabajo que llevaron adelante en simultáneo (y con diferentes niveles de coordinación) el gobierno nacional, los provinciales y los municipales en cada uno de los aglomerados. Finalmente, a modo de cierre, en el tercer apartado se busca hacer contrapuntos entre los territorios analizados, buscando convergencias y divergencias respecto a cómo se organizaron las políticas, cuáles fueron las responsabilidades entre niveles de gobierno, cuáles la dinámica de los actores y los escenarios de coordinación.