El desafío de la implementación de políticas públicas participativas para el desarrollo del territorio - Reyes, Malena Lucía (2018)
En la actualidad pocos pondrían en duda a la participación ciudadana como estrategia imprescindible para la legitimación de políticas públicas. Más aún si se trata de cuestiones de interés público como la organización y construcción social, económica y política de los territorios. Sin embargo, las experiencias latinoamericanas, dan cuenta de una retórica en torno a la participación que no necesariamente supone la implementación de instancias realmente democráticas de involucramiento de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. En principio, entrarían en juego dos cuestiones, por un lado, la voluntad política y por el otro la metodología, rigurosidad y sistematicidad con que dichas prácticas se desarrollan; para no caer como afirma Cunill en consensos creados artificialmente ni en la justificación de desigualdades.En torno a los conceptos de participación, políticas públicas y territorio nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Por qué hablar de políticas públicas participativas para el desarrollo del territorio? ¿Cuándo implementar la participación ciudadana en el ciclo de la política? ¿Se puede implementar en todo el proceso? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Quiénes participan en este tipo de políticas? ¿Los mecanismos de participación que se implementan reproducen desigualdades sociales? ¿Se puede mejorar el nivel de legitimidad y representatividad de estos mecanismos? Finalmente ¿Cómo garantizar instancias de involucramiento reales y democráticas de la ciudadanía?Para la problematización de estas cuestiones recurrimos a un abordaje multidisciplinar que buscar indagar en la cada vez más compleja relación Estado/Sociedad a partir del análisis de la política de ordenamiento territorial en Mendoza, Argentina. Para ello partimos del supuesto de que la participación ciudadana ha sido instrumentada de forma heterogénea en los distintos momentos de la misma, desde el 2006 a la actualidad. En lo formal se han cumplido los mecanismos previstos sin embargo se evidencia que los aportes ciudadanos no han tenido una incidencia sustancial en el desarrollo de la política.